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Perspectiva Mundial/Maceo Dixon

Más de 13 mil personas marchan en Atlanta el 6 de agosto por la renovación de disposiciones claves de la Ley del Derecho al Voto de 1965.

Los participantes fueron en su mayoría negros, con columnas numerosas de sindicatos como los de la industria alimenticia UFCW, de obreros automotrices UAW, de empleados de servicios SEIU, de empleados públicos AFSCME, y del sindicato UNITE-HERE. Un mar de marchistas llevaban camisetas de la NAACP.

Muchos manifestantes eran estudiantes. También estuvieron presentes agricultores negros que han estado luchando para defender sus tierras y protestando contra la discriminación por el gobierno. Entre los manifestantes se encontraban activistas que exigen un juicio contra los que lincharon a cuatro jóvenes negros en 1946 en Monroe, Georgia. Se calcula que concurrieron entre 13 y 20 mil personas.

Uno de los enfoques de la manifestación era una nueva ley en Georgia que atenta contra el derecho a votar. El 21 de abril el gobernador Sonny Perdue promulgó una ley según la cual para votar los ciudadanos deben mostrar un documento de identificación con foto expedida por el gobierno: una licencia de manejo de Georgia, una tarjeta de identificación estatal, una tarjeta militar o un pasaporte de Estados Unidos. La ley anterior permitía 17 clases de identificación como la cuenta de electricidad o identificación del trabajo.

La nueva ley pesará más sobre los trabajadores que son inmigrantes, de las nacionalidades oprimidas o mayores de edad: los más propensos a no tener la documentación requerida. Los electores negros son mucho menos probables que los blancos de poseer un auto, una licencia de manejo o un pasaporte. En los condados rurales algunos residentes no tienen certificado de nacimiento que podría facilitarles conseguir la documentación.

Los defensores de la ley argumentan que es necesaria para impedir el fraude electoral. Sin embargo, la secretaria de estado de Georgia, Cathy Cox, ha declarado que ella no recuerda un solo caso en los últimos años en el que algún elector se haya hecho pasar por otro.

Entre los oradores en la manifestación estuvieron muchos políticos del Partido Demócrata como la alcaldesa de Atlanta Shirley Franklin y los congresistas John Lewis y Maxine Waters.

La Ley del Derecho al Voto, adoptada hace 40 años sobre la cresta del movimiento masivo por los derechos civiles en los años 50 y 60, puso fin al requisito de saber leer y escribir para poder votar en varios estados del Sur.

Una de las cláusulas que deben renovarse exige que estos estados obtengan aprobación federal antes de promulgar cualquier cambio en sus leyes electorales. Otra disposición requiere que funcionarios electorales ayuden a los electores inmigrantes que no hablan inglés ofreciéndoles materiales de votación en su propio idioma.

Elvee Green, obrera automotriz en Detroit y miembro del sindicato UAW, dijo que su local envió un bus para que ella y sus compañeros de trabajo llegaran a Atlanta. “Yo tenía que estar aquí. Están atacando a nuestros sindicato, nos están mandando a sus guerras locas, tenemos que por lo menos mantener nuestro derecho a votar”, declaró.

Entre los marchistas se encontraba James Harris, candidato para alcalde de Atlanta por el Partido Socialista de los Trabajadores, y sus partidarios, quienes al hacer campaña fueron bien recibidos. “Nuestra plataforma atrajo mucho interés por nuestro apoyo a las luchas obreras para organizar sindicatos y utilizar y extender la fuerza sindical para defendernos de los ataques patronales”, dijo Harris a Perspectiva Mundial.

Los partidarios de la campaña socialista repartieron una declaración de Harris que decía, “El PST está con quienes defienden los logros conquistados por el movimiento masivo por los derechos de los negros de los 50s y 60s en Estados Unidos. La Ley por el Derecho al Voto de 1965, que proscribió medidas que se utilizaban para impedir a los negros ejercer el voto, debe ser renovada. Esto aún es necesario debido a las prácticas racistas que llevan a cabo las instituciones en toda la sociedad norteamericana”.

El candidato socialista condenó la Ley de Identificación del Elector como un ataque contra los derechos políticos del pueblo trabajador. Esta medida, explicó, también se usará como un paso hacia el establecimiento de una tarjeta de identificación nacional.