Vol. 76/No. 48      31 de diciembre de 2012

Cathy McMillan

Protesta en Chicago el 13 de diciembre exige libertad para unos 100 reos en Illinois cuyas “confesiones” fueron extraídas usando tortura. Carolyn Johnson, izq, con foto de su hijo.

Los manifestantes ocupaban casi toda la calle frente al edificio. Portaban una pancarta con los nombres de más de 100 presos en Illinois, cuyas condenas se basaron en parte en “confesiones” obtenidas bajo tortura policiaca.

Entre los participantes se encontraban Jeannette Plummer, madre de Johnnie Plummer, uno de los más de 100 reos que están esperando nuevos juicios, y Bertha Escamilla y Mary Williams, cuyos hijos Nicholas Escamilla y William Ephraim se encuentran entre las 36 personas que acusan a O’Brien de tortura en un informe elaborado por la Comisión de Investigación de la Tortura de Illinois (ITIRC).

La ITIRC fue establecida por la legislatura estatal en 2009 para investigar las denuncias de tortura a manos de la policía. El 5 de junio de este año, poco después de que la legislatura votó a favor de suspender sus fondos, la comisión presentó sus primeras recomendaciones. Posteriormente fue disuelta el 30 de junio. Según su director ejecutivo, la comisión ha recibido un donativo de 160 mil dólares que le permitirá continuar su trabajo por un año.

Varios participantes hablaron con la prensa antes de ir a la reunión del consejo. “Estamos aquí para exigir que el Consejo de la Policía de Chicago saque a O’Brien de las calles de inmediato, que lo investiguen como investigaron a Jon Burge y luego tomen las medidas apropiadas en su contra”, dijo Mark Clements, dirigente de la Campaña Contra la Tortura y un organizador de la protesta. “Y le pedimos a la procuraduría federal que investigue a O’Brien y a los demás detectives que trabajaban bajo Burge”.

El presidente del consejo Demetrius Carney —rodeado de ocho miembros del Consejo de la Policía y la administradora principal de la Autoridad Revisora Independiente de la Policía Ilana Rosenzweig— convocó la reunión, insistiendo que los que se habían inscrito para hablar mantuvieran sus comentarios a dos minutos.

Clements y otro activista Wallace “Gator” Bradley entregaron al consejo copias del informe de la ITIRC sobre el caso de George Ellis Anderson, quien fue detenido en 1991 y presionado por O’Brien y otro policía a firmar una confesión de asesinato bajo tortura. Anderson fue sentenciado a cadena perpetua.

“Los detectives que trabajaban bajo Burge torturaron a mi hijo”, dijo Plummer al consejo. “Lo obligaron a confesar un crimen que no cometió. Fue sentenciado a cadena perpetua y ha estado ahí por 21 años. Y tan cansada como estoy, mientras esté viva seguiré luchando hasta que él esté fuera”.

“Soy la madre de Marcus Wiggins”, dijo Carolyn Johnson. “Tenía apenas 13 años de edad cuando O’Brien le golpeó con una linterna y le aplicó choques eléctricos. No me dejaron verlo. Este consejo tiene que sacar a O’Brien de las calles”.

Valerie Love, la tía de Javan Deloney, se dirigió al consejo en nombre de su sobrino para exigir que O’Brien sea sacado de las calles e investigado.

También asistieron a la reunión 20 amigos y parientes de Rekia Boyd y Dakota Bright, quienes fueron abatidos a tiros por policías de Chicago en los últimos meses, para exigir información sobre el estado de las investigaciones sobre los abusos de la policía. Entre ellos estaba el hermano de Boyd, Martinez Sutton, y el tío de Bright, John Edwards.

Ninguno de los miembros del Consejo de la Policía ofreció información concreta alguna.
 
 
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