Vol. 75/No. 23      13 de junio de 2011

Indiana se ha convertido en el primer estado que ha declarado como ilegal el uso de fondos de Medicaid para cualquier servicio médico en clínicas en las que se practican abortos. Esta representa la medida más reciente para hacer retroceder la ley de la Suprema Corte de 1973 que legalizó el derecho de la mujer a obtener un aborto. El ataque es parte de la agobiante ofensiva en contra de los trabajadores que también incluye ataques a los servicios de salud, al derecho a un trabajo, las crecientes guerras y los ataques a los derechos democráticos.

El aborto siempre ha sido una cuestión de la clase trabajadora. Cuando era ilegal, cientos de mujeres trabajadoras, el 80 por ciento de ellas negras y latinas, morían cada año como resultado de abortos peligrosos e insalubres. Cientos de miles de ellas sufrieron daños permanentes

La cifra disminuyó dramáticamente cuando se legalizó el aborto. La decisión de la Suprema Corte permitió que millones de mujeres, especialmente mujeres de la clase trabajadora, empezaran a controlar sus propias funciones reproductoras. Avanzó de manera importante el establecimiento del derecho fundamental de la mujer a decidir si desea tener hijos y en que momento.

La libertad de decidir cuando ser madre es una precondición para la liberación de la mujer. Solo con el derecho a controlar sus propios cuerpos las mujeres pueden empezar a hacer valer su completa identidad humana como personas productivas, no solo reproductoras, y empezar a ejercer control completo sobre sus vidas y participar como iguales en la vida social y política.

Desde que tuvo lugar la decisión de la Suprema Corte en 1973, los Demócratas y los Republicanos han estado tratando de debilitar la ley. El primer golpe sangriento fue en 1976, cuando el Congreso prohibió el uso de fondos federales para el aborto, excepto en caso de violación o incesto o cuando la vida de la madre este en peligro. Hoy en día, solo 17 estados permiten que se usen fondos de Medicaid para abortos. Es en éste contexto que el presidente Barack Obama hizo un llamado a un “pacto común” con los oponentes de los derechos de la mujer para “reducir el número de mujeres que tratan de obtener un aborto”.

El 87 por ciento de los condados en Estados Unidos, en donde vive el 35por ciento de las mujeres del país, no tienen proveedores de abortos de ningún tipo. Veinticuatro estados requieren periodos de espera antes de obtener un aborto; 36 estados requieren la participación de los padres para que se realice un aborto en una menor de edad.

La lucha por el derecho de la mujer al aborto no solo es parte esencial de la lucha por la emancipación de la mujer, sino también es necesaria para fortalecer la unidad y la capacidad de lucha de toda la clase trabajadora. Nos pone en una posición más firme para resistir el esfuerzo de los explotadores capitalistas para que carguemos con el peso de su crisis.  
 
 
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