Vol. 73/No. 22      8 de junio de 2009

La Casa Blanca, al tiempo que busca mejorar el imagen de Washington, manchada por controversias sobre la tortura de presos y la denegación de sus derechos, está afirmando su prerrogativa de usar juicios militares contra los presos de Guantánamo, incluido el uso de pruebas secretas y otras violaciones del derecho al “debido proceso” en las cortes.

Yendo más lejos, Obama propone codificar como ley la autoridad del gobierno norteamericano de encarcelar indefinidamente a cualquier —sin que se le formule cargos o que tenga derecho a un juicio— que tache de “amenaza terrorista”. Es posible que la prisión de Guantánamo finalmente sea cerrada, pero algunos de los actuales presos serán encarcelados sin cargos en otro sitio, o arrastrados a una corte militar, o procesados en un tribunal federal.

Al mismo tiempo, Washington está aumentando el financiamiento de un programa para tomar las huellas digitales de cada preso en las cárceles federales, estatales y locales para comparar estos datos con las bases de datos de inmigración del Departamento de Seguridad del Territorio Nativo. El pretexto es deportar a “criminales” inmigrantes.

Dichas medidas no van dirigidas solo contra “extranjeros”, musulmanes o inmigrantes. El blanco es el pueblo trabajador en su conjunto, y nuestra capacidad de defendernos contra ataques a nuestro nivel de vida y nuestros derechos.

¿Qué impedirá que el gobierno revise las huellas digitales de todos los que caen en los enredos del sistema de “justicia” no solo por su situación migratoria, sino por sus ideas políticas o actividades sindicales? También debemos oponernos a todo paso hacía la creación de un carnet de identidad nacional o base de datos gubernamental.

Si el FBI y otras agencias policiacas pueden usar pruebas secretas y detener “preventivamente” a los sospechosos de “terrorismo”, ¿por qué no intentarán usar los mismos métodos contra el movimiento obrero o los que luchan por los derechos de los inmigrantes y los negros?

El gobierno norteamericano y los capitalistas saben que tarde o temprano los efectos de la crisis económica mundial provocarán mayor resistencia por parte del pueblo trabajador. Quieren sentar las bases para combatir esa resistencia.

La defensa de los derechos constitucionales —incluido el derecho a un juicio y a ver las pruebas en su contra— es vital para que los trabajadores podamos proteger nuestros intereses contra los patrones. También urge luchar por la legalización de todos los trabajadores indocumentados y el cese de las deportaciones, a fin de unificar en la lucha a la clase trabajadora.
 
 
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