Vol. 78/No. 18      12 de mayo de 2014

Las muertes han ocurrido a medida que el gobierno de Estado Unidos sigue restringiendo el flujo de mano de obra inmigrante por sus fronteras, la cual es menos necesaria cuando hay un alto nivel de desempleo.

Desde mayo de 2006, el gobierno de Estados Unidos ha añadido unos 9 mil policías a la Patrulla Fronteriza, ha construido 600 millas adicionales de vallas en la frontera sur, instalado dispositivos de vigilancia de alta tecnología en la frontera y ha impuesto penas más severas a cualquier persona deportada que trate de volver a entrar al país. La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, una división del Departamento de Seguridad Nacional, es la agencia federal de policía más grande del país.

El número de trabajadores sin papeles “apropiados” detenidos por la Patrulla Fronteriza disminuyó de casi 1.2 millones en 2005 a 420 mil en 2013. Mientras tanto el número de inmigrantes acusados de “reingreso ilegal” —un delito federal— creció en más del doble de casi 37 mil en 1992 a 76 mil en 2012.

El 27 de febrero el Los Angeles Times citó secciones de lo que calificó como “un mordaz informe de 21 páginas” preparado por el Foro de Investigación para Ejecutivos de la Policía a petición del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a las protestas y denuncias públicas de funcionarios del gobierno mexicano sobre tiroteos y ataques por policías fronterizos. La agencia y el Times se niegan a hacer público el informe.

Según el Times, el informe dice que agentes de la Patrulla Fronteriza se han colocado deliberadamente delante de coches tratando de huir para justificar el uso de fuerza letal y han disparado a personas al otro lado de la frontera mexicana por presuntamente haber tirado piedras. El informe examinó 67 actos violentos por parte de la policía fronteriza, incluyendo 19 muertes entre enero de 2010 y octubre de 2012.

Tratando de calmar la indignación provocada por las muertes, Michael Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, emitió una nota el 7 de marzo en la que dijo, “Los agentes no deben disparar armas de fuego en respuesta a proyectiles arrojados o lanzados” a menos que crean que hay “un peligro inminente de muerte o de lesión seria”.

“Hay dos casos que han sido claves en la lucha contra la violencia de la Patrulla Fronteriza”, dijo al Militante Adriana Jasso, directora de programas para el AFSC de los Cuákeros en San Diego. “El caso de Anastasio Hernández Rojas y el de Valeria Monique Tachiquin”.

Tachiquin fue asesinada en Chula Vista, a cinco millas de la frontera, cuando un agente encubierto de la Patrulla Fronteriza disparó nueve balas a través del parabrisas de su coche en 2012. La policía dice que ella le golpeó con su carro y lo arrastró, una alegación que ha sido rechazada por algunos testigos.

Hernández fue atado de pies y manos, recibió descargas de arma Taser y fue golpeado hasta que cayó en coma, por policías de la Patrulla Fronteriza cerca de San Diego en mayo de 2010. Murió posteriormente ese mismo mes.

En el segundo aniversario de su muerte manifestantes se reunieron en ocho ciudades del país en 2012 para exigir al Departamento de Justicia que haga una investigación.

Para el cuarto aniversario su familia está organizando una protesta el 28 de mayo en el punto fronterizo de San Ysidro, California, dijo Jasso.  
 
 
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