Vol. 77/No. 40      11 de noviembre de 2013

La suspensión de los servicios “no esenciales” del gobierno, es decir, los que son menos importantes para la clase capitalista, empezó el 1 de octubre después de que la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes se negó a aprobar el presupuesto como parte de su intento de suspender, o por lo menos posponer, la implementación de la ley de reforma de la salud conocida como “Obamacare”.

Un aspecto del proyecto presupuestario era la propuesta de aumentar el límite de la deuda que el Congreso puede aceptar para evitar el incumplimiento de los pagos a los tenedores de bonos del gobierno federal antes de la fecha límite del 17 de octubre. El llamado “techo de la deuda”, ha sido aumentado 53 veces por el Congreso desde 1978.

A medida que se acercaba la fecha límite, los diarios principales publicaron serias advertencias del inminente desastre que podría causar a Estados Unidos y al mundo financiero si por primera vez en la historia el gobierno federal no cumpliera con sus deudas. Pero en realidad la posibilidad de que esto sucediera era muy remota. Los tenedores de bonos del gobierno federal siempre reciben su pago primero, a tiempo y por completo. Y las familias capitalistas de Estados Unidos, quienes son las propietarias de la mayor parte de estos fondos, no iban a dudar innecesariamente de la “entera fe y credibilidad” del todopoderoso dólar .

El 16 de octubre, horas antes de la fecha límite, el Congreso aprobó la “Ley de Prevención de Incumplimientos” que otorga al presidente el poder de suspender la fecha de pagos hasta el 7 de febrero de 2014. En ese momento, el techo de la deuda será aumentado automáticamente lo necesario para pagar lo que se deba. En teoría, el Congreso puede oponerse al aumento automático, sin embargo se le ha concedido al presidente el poder de rechazar tal decisión. Si eso sucediera, se necesitarían los votos de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado para invalidar la decisión del presidente.

El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos, Sección 8, concede al Congreso el poder de recaudar impuestos y pagar deudas. “Hasta 1917 el presidente tenía que pedir permiso al Congreso cada vez que solicitaba dinero prestado y usualmente accedía a las condiciones”, declaró el Investor’s Business Daily. “Desde entonces, los presidentes le han pedido al Congreso que aumente el tope de la deuda una o dos veces al año. Hasta este año, el Congreso nunca había renunciado a mantener control sobre el endeudamiento del país”.

La tendencia al aumento del poder del presidente, y a actuar como si el Congreso no existiera ganó impulso durante las presidencias de George W. Bush y William Clinton. Esta tendencia ha cobrado más fuerza durante la presidencia de Barack Obama.

La separación de poderes y los límites a la autoridad presidencial impuestos por la Constitución de Estados Unidos retardan y a veces paralizan la capacidad de los gobernantes norteamericanos de tomar decisiones y hacerlas cumplir. Esto es bueno para la clase trabajadora. Nos da más espacio político para organizarnos y luchar. Por otro lado la tendencia actual hacia el reforzamiento de los poderes del ejecutivo sobre los del Congreso y los tribunales contribuye a preparar el terreno para que fuerzas reaccionarias echen de lado a las estructuras democrático-burguesas en el futuro cuando la lucha de clases presente obstáculos al mantenimiento del dominio capitalista.

La base liberal del presidente fue la fuente principal de la insistencia de que el presidente “tome el mando” y rompa con las inconveniencias de depender de las decisiones del poder legislativo. Esta base representa hoy en día el ala más anti democrática y más indiferente a la Constitución de la política burguesa en Estados Unidos.

En un artículo en el New York Times, Henry Aaron, de la Brookings Institution, dijo “La única opción justificable que tiene el presidente si no se aumenta el tope de la deuda es que haga caso omiso del tope de la deuda”.

Mientras tanto, como parte del acuerdo para poner fin al estancamiento en el que estaban, se formó un nuevo comité para preparar el presupuesto, en el cual legisladores tanto demócratas como republicanos están debatiendo los recortes que impondrán al Medicare, al Seguro Social y a otros programas sociales.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto