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Vol. 76/No. 29      6 de agosto de 2012

 
Mitin en Miami denuncia acoso
en prisión contra los 5 Cubanos
(portada)
 
POR NAOMI CRAINE  
MIAMI—Unas 60 personas se reunieron aquí el 15 de julio para protestar contra nuevas violaciones de los derechos constitucionales de cinco revolucionarios cubanos que Washington mantiene en prisión y para expresar solidaridad con la lucha por su libertad. El evento fue convocado por la Alianza Martiana, una coalición de organizaciones cubano-americanas.

Las autoridades de la prisión le han negado visitas legales y consulares a Gerardo Hernández, uno de los cinco, que está cumpliendo una sentencia de doble cadena perpetua más 15 años por cargos fabricados de conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer homicidio.

Los Cinco Cubanos, como se les conoce, son además de Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González. Fueron detenidos en 1998 y declarados culpables de varios cargos fabricados de conspiración en 2001.

Los cinco estaban viviendo y trabajando en Florida donde estaban monitoreando e informando al gobierno cubano sobre los planes de organizaciones contrarrevolucionarias con un largo historial de ataques violentos contra la Revolución Cubana y sus partidarios.

Andrés Gómez, presidente de la Brigada Antonio Maceo, dijo en el evento que el 9 de julio funcionarios de la prisión no permitieron que Hernández recibiera una visita de su abogado Martin Garbus, un nuevo miembro de su equipo de defensa.

“Este caso ha estado caracterizado desde el principio por violaciones del proceso legal, empezando con los 17 meses previos al juicio, durante los cuales [los cinco] fueron mantenidos en confinamiento solitario”, dijo Gómez.

Entre otras violaciones de los derechos constitucionales que caracterizaron al juicio, se les negó a los cinco su petición de trasladar el lugar del juicio de Miami, donde los residentes habían sido bombardeados con reportajes negativos sobre el caso y las organizaciones contrarrevolucionarias cubano-americanas habían organizado actos de intimidación.

Según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, cuando Garbus llegó para la visita programada en la prisión federal de Victorville, California, le negaron la entrada bajo el pretexto de que los documentos necesarios no estaban en la recepción.

Dos días antes, según la declaración, “los funcionarios cubanos que ya habían sido autorizados por el Departamento de Estado a realizar una visita consular con Gerardo, se vieron imposibilitados de hacerla”, por una excusa similar.

Hernández “iba a revisar documentos con su abogado”, dijo Gómez, y preparar argumentos orales para presentarlos ante el tribunal como parte de una nueva etapa de la moción de habeas corpus que él sometió hace dos años solicitando una audiencia para presentar evidencia que salió a la luz después de ser declarado culpable en 2001.

“No es la primera vez que hechos como estos ocurren”, explicó la declaración cubana. “Se han dado sistemáticamente en cada momento clave del proceso de Gerardo”. En 2010, mientras preparaba su moción de habeas corpus, “las autoridades penitenciarias le negaron a Gerardo en dos ocasiones la visita de su abogado Leonard Weinglass, y le demoraron intencionalmente la entrega de su correspondencia legal, lo que le impidió participar activamente en su revisión”, dijo la declaración.

El 6 de julio los fiscales pidieron a la corte que rechazara la moción de Hernández de presentar pruebas y argumentos orales en relación a un aspecto de su moción de habeas corpus —que periodistas que escribieron artículos falsos e inflamatorios sobre el caso durante el juicio estaban en la nómina de pago del gobierno de Estados Unidos en ese entonces. Labañino, Guerrero y Fernando González también han apelado bajo bases similares.

En su respuesta, el gobierno alegó que la moción de Hernández es una “expedición de pesca” y que en 2006 el tribunal del Onceno Circuito ya había determinado que los cinco “recibieron un juicio justo”.

Garbus por fin pudo reunirse con Hernández, pero sólo como visitante regular, dijo Gómez. “No se le permitió llevar los documentos del caso, o ni siquiera papel y lápiz”.

Según Richard Klugh, otro miembro del equipo legal, Hernández tiene hasta el 20 de agosto para responder a la respuesta del gobierno a su moción.

Gómez informó que René González, quien ha estado bajo “libertad supervisada” desde octubre pasado después de 13 años de cárcel, presentó el 22 de junio una nueva solicitud para regresar a Cuba. La jueza Joan Lenard denegó una moción similar antes de la excarcelación de González alegando que era “prematura”.  
 
 
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