Vol. 74/No. 11      22 de marzo de 2010

En una nota de prensa del 5 de marzo, el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa, una de las coaliciones que respalda la marcha, señala que “el cambio de énfasis de la administración de Obama, de las ‘redadas de fábricas’ a las ‘redadas de archivos’ han dado una mera apariencia de civilidad a la aplicación de las leyes de inmigración”.

“Las deportaciones han aumentado en más de un 60 por ciento desde que la administración de Obama llegó a la presidencia”, añade la coalición.

Aunque ha reducido el número de redadas grandes en fábricas, en 2009 la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) triplicó el número de auditorías de inmigración, que a menudo llevan al despido de trabajadores que no pueden presentar prueba de residencia legal en Estados Unidos.

Alegando que su enfoque es la deportación de criminales, las autoridades norteamericanas buscan hacer de los inmigrantes chivos expiatorios y fomentar las divisiones entre los trabajadores inmigrantes. En un operativo de tres días en febrero, agentes de ICE detuvieron a 284 inmigrantes en Texas. ICE dijo que más de la mitad tiene “antecedentes de crímenes violentos”.

Washington está expandiendo su programa de “Comunidades seguras”, que tiene como meta empezar a verificar a partir del 2012 las huellas digitales de todos los reclusos de cárceles federales, estatales y locales usando la base de datos del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo..

ICE ha continuado expandiendo de forma acelerada el programa E-verify, que le permite a los patrones verificar el estado migratorio y de permiso de trabajo de los empleados actuales y potenciales a través de la Internet, haciendo más difícil que los trabajadores sin papeles obtengan empleos.

El propósito de estas medidas, impulsadas por los partidos Demócrata y Republicano, no es frenar el flujo de trabajadores inmigrantes, algo que los empleadores norteamericanos necesitan para aumentar sus ganancias y competir con los negocios de otros países, sino más bien controlar ese flujo. Sus políticas antiinmigrantes son utilizadas para dividir a los trabajadores y bajar el valor de su fuerza de trabajo.

La manifestación del 21 de marzo provee una oportunidad para que trabajadores, activistas sindicales y estudiantes se opongan a estas medidas antiinmigrantes y antiobreras.

Entre los grupos que auspician la manifestación se encuentran varias coaliciones a favor de una reforma migratoria, la federación sindical AFL-CIO, el sindicato de empleados públicos SEIU, el sindicato de trabajadores de alimentos UFCW, el sindicato UNITE-HERE, la Conferencia norteamericana de Obispos Católicos y el Concejo Nacional de Iglesias.

Eugenio Villasante, un representante del sindicato SEIU Local 32BJ, le dijo al Militante que los miembros están “muy motivados” a sumarse a la marcha. “Muchos son inmigrantes y todos conocen a alguien que ha sido deportado”, dijo. “Es una política equivocada”.

Luis Gutiérrez, congresista federal de Illinois, será el principal orador en una manifestación en Houston el 13 de marzo, como parte de las actividades para promover las actividades del 21 de marzo.

Gutiérrez ha presentado una “reforma de inmigración integral” en la Cámara de Representantes que contiene propuestas similares a las presentadas por Obama.

Este proyecto no garantiza la legalización de los indocumentados ni el fin de las deportaciones. Promueve el reforzamiento del cumplimiento de las leyes de inmigración y la creación de la “Fuerza de Tarea de Seguridad de la Frontera Sur”. También crearía un “sistema de verificación de empleo” nacional para ayudar a los patrones a eliminar a los trabajadores indocumentados.

Bajo la sección “Programa de legalización merecida para los indocumentados”, el proyecto de ley propone otorgar un “estado condicional no inmigrante” de seis años a los inmigrantes indocumentados.

Cualquier inmigrante que solicite el estado legal tiene que someterse a una “verificación completa de antecedentes criminales y de seguridad” y pagar una multa de 500 dólares. Aún así, los inmigrantes que reúnan los requisitos deberán esperar seis años después de que la ley entre en efecto para ser elegibles a recibir una tarjeta verde, la residencia permanente.  
 
 
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