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Vol. 81/No. 13      3 de abril de 2017

 
(portada)

Junta ordena recortes para trabajadores en
Puerto Rico

 
POR SETH GALINSKY
La Junta de Control Fiscal para Puerto Rico establecida por Washington está presionando a los funcionarios gubernamentales de la isla a que implementen más recortes presupuestarios que golpearán al pueblo trabajador para poder seguir pagando la deuda de la colonia estadounidense de 70 mil millones de dólares a los millonarios tenedores de bonos.

La Junta, designada por el presidente Barack Obama, cuenta con poderes dictatoriales para revocar cualquier decisión económica o financiera que tome el gobierno de Puerto Rico. Como resultado, inclusive los que se oponen a la independencia de Puerto Rico han tenido que admitir que la isla es una colonia.

Sindicalistas y estudiantes, oponentes del dominio colonial de Washington y activistas obreros en Estados Unidos, incluyendo Osborne Hart, el candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Nueva York, se han pronunciado y han protestado contra estos ataques.

El plan, presentado el 28 de febrero por el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, congelaría los salarios de los empleados públicos hasta 2020, recortaría más de 300 millones de dólares al año de la Universidad de Puerto Rico, aumentaría los impuestos a la propiedad y sobre el tabaco, eliminaría proyectos de infraestructura, aumentaría las tarifas de vehículos motorizados en un 10 por ciento y reduciría las pensiones en por lo menos un 10 por ciento para el 2020.

Bajo el plan, las jornadas laborales de los maestros serán reducidas por dos días al mes. Otros, incluyendo los trabajadores de cafeterías escolares, perderían cuatro días de pago. Estos recortes se suman a los que ya han sido impuestos en la última década: el despido de casi el 25 por ciento de los empleados públicos, el cierre de más de 150 escuelas, aumentos de los impuestos sobre las ventas y los recortes de pensiones. Al comunicar sus dictámenes, la junta dijo cínicamente, “Todos estamos juntos en esto”.

Preocupado por la respuesta del pueblo trabajador, Rosselló se quejó de la demanda de la Junta de recortar la jornada laboral para reducir las nóminas de empleados públicos por 420 millones de dólares al año y mayores recortes a las pensiones. La Junta le otorgó una prórroga. Si el gobierno colonial logra obtener 200 millones de dólares adicionales ya sea aumentando recortes o ingresos para el 1 de junio y presenta “medidas para lograr un personal de tamaño adecuado” para el 30 de abril, las reducciones de jornadas laborales y los recortes en los aguinaldos podrían ser suspendidos.

Si continua este ritmo, los fondos de pensiones de los empleados públicos estarán vacíos para el 2022. ¿Y la solución de la Junta? Una reducción drástica en el costo de las pensiones por un 10 por ciento para el 2020 y remplazar los planes de beneficios definidos por cuentas de contribución definida, o sea, donde los trabajadores depositan su propio dinero en un fondo de jubilación el cual se invertiría en acciones y bonos.

“El dinero para las pensiones fue usado para pagar deudas”, dijo Pedro Irene Maymí, presidente de la federación sindical CPT, al Militante el 20 de marzo. “Las medidas de la Junta solo van a empeorar la crisis económica”. Maymí está a favor de una moratoria en el pago de la deuda.

“Los recortes de jornadas son ridículos. Eso sería vivir por debajo del nivel de pobreza”, dijo Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el 17 de marzo.

“Los trabajadores en Estados Unidos nos unimos a nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico para exigir un fin a la arrogancia colonial de Washington y el desastre que les está imponiendo”, dijo al Militante el 19 de marzo el candidato del PST para alcalde, Hart. “Cuando hablo con trabajadores en las puertas de sus casas en Nueva York, les insto a que se unan a las protestas contra la Junta, la cual realiza la mayoría de sus reuniones aquí en Wall Street, y que apoyen a los puertorriqueños en su lucha para quitarse la bota colonial de Washington. “La deuda es impagable”, dijo Hart. “Exijo que se cancele”.

La Junta dice que el plan de Roselló haría disponible 800 millones de dólares al año para el pago de la deuda, mucho menos de los 1.2 mil millones de dólares al año que esperan los tenedores de bonos. Se espera que las negociaciones con los tenedores de bonos empiecen pronto para discutir la posible “reestructuración de la deuda”.  
 
 
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