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Vol. 80/No. 33      5 de septiembre de 2016

 
(portada)

PST: ‘Luchar en defensa del derecho al voto’

Continúa la lucha por el derecho al voto en EEUU

NAACP
Marcha contra las restricciones al derecho al voto en Winston-Salem, Carolina del Norte, el 13 de julio de 2015. Recientes fallos judiciales han detenido algunas de las restricciones.
 
POR MAGGIE TROWE
Los ataques al derecho al voto —que afectan más severamente a los trabajadores y agricultores, y de manera desproporcionada a los que son africano-americanos— es una cuestión fundamental en la política de Estados Unidos. Las crecientes protestas en el sur y en otras partes del país han puesto en relieve esta lucha de siglos. Varios fallos judiciales recientes muestran que ha habido progreso, pero la lucha está lejos de terminar.

En junio de 2013 la Corte Suprema derogó una parte clave de la Ley de Derecho al Voto de 1965, que se ganó con sangre en la lucha de masas por los derechos de los negros que derrocó la segregación de Jim Crow. Los magistrados dijeron que ya no era necesario que los estados y regiones con un historial de suprimir el derecho al voto tengan que obtener permiso del gobierno federal antes de poder cambiar sus leyes sobre el voto.

Es cierto que han habido profundos cambios en la perspectiva social de los trabajadores en el sur, como mostró el amplio apoyo a la demanda de remover la bandera de batalla de la Confederación del capitolio de Carolina del Sur el año pasado. Pero las familias gobernantes y los funcionarios racistas en muchos lugares, que antes estaban limitados por la Ley de Derecho al Voto inmediatamente se aprovecharon del fallo para imponer nuevas restricciones; según ellos con el fin de prevenir los tan pregonados pero raramente existentes casos de “fraude de votantes”.

Pocas horas después de la decisión, las autoridades de Texas dijeron que iban a implementar una ley sobre documentos de identidad del votante que había sido bloqueada previamente por privar a los negros y latinos de sus derechos. En Mississippi, Alabama y Carolina del Norte las autoridades empezaron a imponer requisitos de documentos de identificación con foto y otras restricciones.Leyes similares fueron aprobadas en Tennessee y en otras partes del sur, y también en Wisconsin, Michigan, Kansas y Dakota del Norte, muchas en estados donde el partido Republicano controla el gobierno.

Los trabajadores condenados por delitos graves pierden de forma permanente su derecho al voto en 10 estados. En otros 24 estados, tienen que esperar hasta que completen su período de probatoria o de libertad condicional para aplicar para votar.

Estos ataques han provocado resistencia. El derecho al voto fue una demanda principal de la marcha de 80 mil personas celebrada en marzo de 2015 en conmemoración de las reñidas protestas por los derechos civiles en 1965 de Selma y Montgomery.

La NAACP de Carolina del Norte ha organizado decenas de protestas a favor del derecho al voto en años recientes. Miles marcharon el 13 de julio de 2015 en Winston-Salem al comienzo de un juicio federal que desafiaba las nuevas restricciones estatales.

Protestas han tenido un impacto.

El tribunal de apelaciones del quinto distrito falló el 20 de julio que la ley sobre documentos de identificación del votante de Texas “tiene un impacto discriminatorio sobre los derechos al voto de las minorías”.

La ley de Carolina del Norte fue declarada inconstitucional el 29 de julio por el tribunal de apelaciones del cuarto circuito. Sus disposiciones “están dirigidas a los africano-americanos con una precisión casi quirúrgica”, escribió la jueza Diana Gribbon Motz.

Pero todavía quedan muchos obstáculos. En marzo, el consejo municipal en Daphne, Alabama, redujo la cantidad de centros de votación de los cinco que habían en barrios donde viven blancos y africano-americanos a solo dos en áreas con mayoría caucásica.

En enero, después que el gobierno del condado de St. Louis colocara 18 centros de votación en estaciones de policías, la NAACP exigió que fueran movidos a otros lugares. Votar en una estación de policía “es muy parecido a una ley del Jim Crow no oficial” en un condado en el que el 24 por ciento de la población es africano-americano, dijo Esther Haywood, de la NAACP del condado de St. Louis, al St. Louis American.
 
 
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