Vol. 78/No. 45      15 de diciembre de 2014

El nuevo permiso de trabajo temporal se aplica a unos 3.7 millones de inmigrantes que puedan probar que han estado en el país por lo menos cinco años, que tienen al menos un hijo nacido en Estados Unidos, paguen sus impuestos retroactivamente y “se dan a conocer, proporcionan toda su información, presentan datos biométricos, se confirma que no tienen antecedentes penales, pagan las cuotas correspondientes y demuestran que su hijo(a) nació antes de la fecha de este anuncio”, según una hoja de información emitida por la Casa Blanca.

Se estima que un millón de inmigrantes adicionales podrán solicitar un status de protección por medio de la extensión de programas para jóvenes sin documentos que se encuentren en la universidad, profesionales cualificados y “empresarios extranjeros”. No se incluyen los padres de los estudiantes universitarios, a los que denominan “soñadores”.

A los que soliciten el permiso de tres años no se les ofrecerá una vía para obtener la residencia permanente ni la ciudadanía y continuarán excluidos de la prestaciones federales, los programas de asistencia social, así como los créditos del seguro médico de Obamacare.

La orden representa el ajuste gubernamental de la política migratoria más significativo en años recientes. Pero no se asemeja a las medidas de legalización de las décadas anteriores, las cuales generalmente se promulgaron bajo administraciones republicanas. La administración del presidente Ronald Reagan, por ejemplo, otorgó una amplia amnistía a más de 3 millones de inmigrantes, la gran mayoría de los cuales no tenían documentos. “La amnistía en masa sería injusta”, dijo Obama, a la vez que las “deportaciones en masa serían tanto imposibles como contrarias a nuestro carácter”.

Obama señaló que el nuevo programa proveerá “recursos adicionales para nuestro personal responsable del orden público” y continuará aumentando la vigilancia y cumplimiento de la ley en la frontera entre Estados Unidos y México. “Hoy tenemos más agentes y tecnología desplegados para asegurar mejor nuestra frontera del sur que en cualquier otro momento en nuestra historia”, dijo el presidente.

Las nuevas medidas se apoyan en los logros de la administración de Obama, dice la hoja informativa, que “ya ha aumentado la expatriación de delincuentes en más del 80 por ciento”. La administración de Obama ha realizado un número récord de deportaciones, o “órdenes de expulsión”, las cuales conllevan posibles cargos criminales para aquellos que regresen. Estas órdenes han aumentado de 50 mil en 1995 a más de 400 mil en 2012.

La orden ejecutiva reemplazará el programa gubernamental Comunidades Seguras con un nuevo “programa de aplicación prioritaria” de la ley “para identificar y expatriar de manera efectiva a los delincuentes” y “los que han cruzado la frontera recientemente”, señala la hoja informativa. No se explican las diferencias específicas entre las dos categorías y ambas dependerían de la comprobación del status de aquellos bajo custodia de la policía a través de los registros de inmi-gración. Las frases utilizadas por Obama como “delincuentes, no familias”, implican que el nuevo programa contaría con criterios más definidos en cuanto a quién debe ser deportado, lo que en la actualidad incluye a trabajadores acusados de infracciones menores, tales como violaciones de tráfico.

Un memorándum del Departamento de Justicia emitido para proporcionar justificación legal para el decreto de Obama, dice que el presidente goza de “discreción fiscal” sin trabas. Ya que la orden busca facilitar el procesamiento y la deportación de “criminales”, el memorándum afirma que éste representa un ejercicio de esos poderes.

La maniobra de la Casa Blanca para esquivar la oposición en el congreso fue increpada por muchos legisladores republicanos. El representante Kevin McCarthy de California, presidente de la mayoría republicana de la cámara de representantes, la calificó como una “toma del poder descarada”.

Algunos funcionarios demócratas también reprocharon a Obama, que ha emitido casi 200 órdenes ejecutivas desde que asumió su cargo en 2009. “El presidente no debería efectuar tan importantes cambios de política por su propia cuenta”, dijo el senador de Indiana Joe Donnelly.

Diversas reacciones de republicanos
Las reacciones entre los republicanos al programa resultaron ser variadas. La representante de Minnesota Michele Bachmann acusó a Obama de intentar aumentar el número de votantes demócratas “analfabetos”. “Si uno reacciona exageradamente, el asunto se vuelve en contra de nosotros, y no contra el presidente Obama”, dijo el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, uno de los políticos republicanos que expresó su preocupación de alienar a los latinos.

Unos 100 inmigrantes y otras personas fueron a escuchar la presentación de Obama en el centro CASA de Maryland en Hyattsville. Muchos de los que cumplen los criterios para el permiso temporal se veían jubilosos, otros no. “Me siento tan triste, no sé que voy a hacer”, dijo al New York Times Marta Moran, una trabajadora indocumentada que llegó a Estados Unidos desde México con su hijo hace seis años. “Mi hijo no nació aquí. Hago lo que puedo —pago impuestos, estoy aprendiendo el inglés— pero no sé qué más puedo hacer”.
 
 
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