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Vol. 78/No. 26      21 de julio de 2014

 
En California dan pasos para
aumentar censura en cárceles
(portada)
 
POR JOEL BRITTON  
SACRAMENTO, California—Con la llegada del primer aniversario de la huelga de hambre de los presos a nivel estatal contra el confinamiento solitario, las autoridades penitenciarias de California están tomando medidas para apretar la censura de libros, periódicos, fotos y cartas.

Una nueva norma que prohíbe publicaciones en las cárceles de California que “indican una asociación con grupos de oposición a la autoridad y la sociedad,” fue añadida en una propuesta de seis páginas titulada “Normas de material obsceno” que trata de censura de la pornografía.

“Tenemos que desafiar enérgicamente este nuevo intento del CDCR (Departamento de Corrección y Rehabilitación de California) que busca confiscar libros, revistas, periódicos y cartas”, escribió Mutope Duguma, un prisionero en celda de aislamiento en Pelican Bay, en la edición de junio del periódico San Francisco Bay View. “Estas nuevas normas que se han propuesto tienen un solo propósito que es el de censurar cualquier escrito, correspondencia y publicaciones que educan al público de lo que realmente sucede en estas prisiones”.

Las normas propuestas definen el “contrabando” como cualquier material escrito o fotografía en manos de prisioneros que indica una “asociación con un miembro reconocido o asociado de un Grupo que Amenaza la Seguridad (STG)”. Estos llamados STGes son, entre otros, pandillas en las prisiones, o cualquier grupo de tres o más reclusos que las autoridades penitenciarias designan como una amenaza.

“Quien sea que escribió estas nuevas normas nos tenía en mente a nosotros de Bay View”, Mary Ratcliff, directora del periódico, le dijo al Militante el 1 de julio. Bay View cuenta con “un gran número de suscriptores en la cárcel y entre el público y le ofrece a los reclusos la oportunidad de dialogar con el público”. A través de cartas y artículos de los presos, “informamos de lo que sucede donde los periodistas no están permitidos”, dijo. “Las nuevas normas buscan poner fin al diálogo, cortar el acceso al conocimiento”.

Marie Levin, hermana de Sitawa Nantambu Jamaa, dirigente de la huelga de hambre en las cárceles el año pasado, es una de los muchos que enviaron cartas de protesta al CDCR. “Las huelgas de hambre fueron la razón por la que los prisioneros pudieron difundir las condiciones en las prisiones al público”, le dijo al Militante. “Ahora la norma es que si hay tres o más que se reúnen y tratan de comunicar sobre esto al exterior, pueden ser castigados”.

“Mi hermano se ha educado a si mismo en la cárcel”, dijo Levin. “Le encanta la literatura. Lee un libro muchas veces y se lo pasa a otros. Ve las noticias. Ellos necesitan libros y periódicos para leer y comunicarse más allá de la prisión”.

En una noticia relacionada, el Militante presentó una apelación el 12 de junio que busca revertir la primera censura conocida del periódico en una prisión federal en décadas. El alcaide de la penitenciaría federal de alta seguridad en Florence, Colorado, había confiscado un número del semanario con el pretexto de que supuestamente contenía “artículos relacionados al Partido Comunista Revolucionario en Estados Unidos y la necesidad de derrocar el sistema”. La apelación, presentada por el abogado David Goldstein, señala que esa medida es una violación de la Primera Enmienda, así como de las normas de la prisión.  
 
 
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