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Vol. 77/No. 43      2 de diciembre de 2013

 
Gobierno de Surcorea intenta
ilegalizar partido de oposición
(portada)
 
POR SETH GALINSKY  
Tras presentar cargos falsos de conspiración y arrestar a los dirigentes del partido opositor, el Partido Progresista Unificado hace unos meses, el gobierno surcoreano de la presidenta Park Geun-hye tiene intenciones de ilegalizar el partido. Este ataque a los derechos de libertad de expresión y de asociación política también incluye a la vez ataques contra el Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Corea.

Al mismo tiempo que quiere disolver al partido, el gobierno también busca expulsar a sus seis parlamentarios de la asamblea nacional y quitarles los 630 mil dólares que el partido recibe por subsidios del estado por tener miembros en el parlamento. La última vez que el gobierno declaró ilegal a un partido fue en 1958, cuando el dictador Syngman Rhee, respaldado por Washington, arrestó al dirigente de la oposición Cho Bong-am y disolvió a su Partido Progresista.

El Ministerio de Justicia, en su demanda ante el Tribunal Constitucional para que declare al partido ilegal, argumenta que la Constitución de 1960 prohíbe la existencia de partidos que fomentan actividades “contrarias al orden democrático fundamental”.

A fines de agosto y principios de septiembre, cuatro dirigentes del PPU, entre ellos el parlamentario Lee Seok-ki, fueron arrestados y acusados de “conspiración para incitar una rebelión y violar la ley de seguridad nacional”. La agencia de espionaje de Corea del Sur, el Servicio Nacional de Inteligencia, presentó como pruebas un discurso de Lee en un acto del partido en mayo. La prensa coreana también divulgó que los participantes cantaron “Bandera Roja”, canción que se vincula con el Norte.

El ministerio de justicia acusa que el programa del partido es “idéntico a los argumentos que provienen de Pyongyang”. El ministerio cita el objetivo del partido de “superar la dominación extranjera y poner fin a la dependencia de Corea del Sur en su alianza con Estados Unidos”, y su concepto de que Corea del Sur “no es una sociedad donde los trabajadores son los amos, sino lo contrario, donde unos pocos privilegiados obran como los amos”.

El tribunal constitucional todavía no ha dictado su veredicto sobre la demanda del gobierno.

El ministerio de empleo y trabajo ilegalizó al Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Corea el 24 de octubre por permitir que maestros despedidos mantengan su afiliación con el sindicato, lo que está prohibido por las leyes antisindicales del gobierno. El 13 de noviembre, un tribunal de Seúl emitió una orden provisional contra el ministerio, hasta que el tribunal emita su veredicto final.

El sindicato de maestros ha sido acusado previamente por el gobierno por estar “a favor de Corea del Norte”.

El sindicato fue fundado en 1989, cuando el gobierno prohibió que los maestros y otros trabajadores estatales participaran en política o expresaran sus propias opiniones políticas, pero no fueron reconocidos oficialmente sino hasta 1999.

“En Corea del Sur hay una larga historia de acusar a la gente que no está de acuerdo con el gobierno de ser comunista”, dijo al Militante Hyunsu Hwang, secretario internacional del sindicato, en una entrevista telefónica desde Incheon, Corea del Sur, el 12 de noviembre. “Si hablas de reunificación entre el Norte y el Sur, dicen que estás a favor de Corea del Norte. Es macartismo”.

“Personalmente, no simpatizo con ese partido, pero la conducta del gobierno no va de acuerdo con una sociedad democrática. El partido gobernante quiere echarse para atrás 30 años”, dijo Hwang, haciendo referencia a previos regímenes dictatoriales en Corea del Sur.

Hwang dijo que el ataque contra el sindicato les está resultando contraproducente. “Cientos de maestros se han afiliado al sindicato desde que el gobierno comenzó con sus amenazas”, dijo. “El partido gobernante cree que puede controlar al pueblo coreano, pero no puede”.  
 
 
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