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Vol. 77/No. 23      17 de junio de 2013

 
Victoria en lucha para no entregar
listas de contribuyentes fortalece
la capacidad de organizar actividad
política obrera independiente
‘Un ataque contra uno es un ataque contra todos’
es guía de batallas del PST contra ataques del gobierno
(especial)
 
POR JOHN STUDER  
Lisa Potash, una trabajadora de la costura en la compañía FellFab Corp., era la candidata para alcalde de Atlanta del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en las elecciones de 2009. Después de que el diario Atlanta Journal-Constitution publicara un artículo de opinión en el que criticaba duramente la campaña del PST, publicó, bajo el título de “Socialistas respaldan a los trabajadores” una carta al director enviada por Potash. Poco después Potash fue despedida del trabajo.

Potash documentó por escrito el hecho de que fue despedida por razones políticas, y el pasado octubre el Partido Socialista de los Trabajadores entregó una declaración firmada de Potash a la Comisión de Elecciones Federales (FEC), para respaldar su solicitud de que se extendiera la exención del PST del requisito de tener que entregar listas de contribuciones a sus campañas, que el gobierno puede difundir públicamente. Ella fue una de 70 partidarios de las campañas del PST, lectores del Militante y defensores de los derechos democráticos que también enviaron reportes en los últimos cuatro años describiendo despidos, amenazas físicas, espionaje gubernamental y acoso por parte de la policía y gánsteres derechistas.

A pesar de ciertos indicios que indicaban que la FEC estaba contemplando limitar, o incluso rechazar, la solicitud de exención del partido, el 25 de abril la FEC aprobó con un voto de 4 a 1 extender la exención del PST por 4 años.

Artículos en los últimos 3 números del Militante han explicado cómo es que el Partido Socialista de los Trabajadores y su historial como partido revolucionario de los trabajadores, involucrado en luchas sindicales y políticas, ha podido frenar este tipo de intento del gobierno capitalista para socavar más los derechos políticos. Esta victoria, única en los últimos años, fortalece la capacidad de la clase trabajadora para realizar actividad política obrera sin el acoso de la policía o derechistas. También hemos explicado cómo el FBI fue forjado como la policía política de la clase gobernante a través de décadas de espionaje, acoso y ataques contra la clase trabajadora y su vanguardia.

A finales de la década de 1930, cuando los capitalistas de Estados Unidos se preparaban para arrastrar a los trabajadores y agricultores al derrame de sangre de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno demócrata de Franklin Roosevelt emitió órdenes ejecutivas secretas respecto a los militantes en el movimiento sindical industrial que estaban organizando oposición a la guerra dentro de la clase trabajadora. En 1941 el gobierno hizo uso de la recién aprobada ley Smith, sobre el control ideológico, para llevar a prisión a 18 dirigentes del PST y dirigentes del sindicato Teamsters en el centro norte del país. Se les acusaba de “conspirar para promover el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos”.

En 1945, después de concluir la Segunda Guerra Mundial, se extendió por todo el país una ola de huelgas. Las luchas por la independencia nacional se extendieron por Asia, África y otras partes del mundo. Las fuerzas militares de Washington en el Pacífico realizaron protestas de cientos de miles que pedían regresar a casa en vez de ser enviados a detener levantamientos anticoloniales. Los afroamericanos en el país exigían el fin del sistema de segregación racial conocido como Jim Crow. La clase gobernante respondió poniendo en marcha programas de “lealtad” y otras medidas de cacería de brujas para tratar de aislar a los militantes obreros, quebrar a los sindicatos y tomar represalias contra los trabajadores comunistas.

Frente a estos ataques, el PST respondió en 1948 con su primera campaña electoral a nivel nacional, presentando como candidato para presidente de Estados Unidos a Farrell Dobbs y a Grace Carlson para vicepresidente. Dobbs fue uno de los dirigentes del sindicato Teamsters y del PST que fueron encarcelados durante la guerra. Para dar una idea de la atención que recibieron los socialistas, cuando Dobbs habló durante el congreso estatal del PST en Hartford, Connecticut, su discurso fue transmitido en vivo en siete estaciones de radio. El PST ha presentado candidatos en las elecciones presidenciales desde entonces.

Una de las medidas de “seguridad nacional” de Washington que fueron aprobadas durante este periodo fue la lista de organizaciones “subversivas” anunciada por el fiscal general en marzo de 1948. En la lista se encontraba el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista y cerca de otras 200 organizaciones.

A nombre del PST, Dobbs le exigió al presidente Harry Truman “que destrozara su infame lista negra”. Dobbs la criticó como “un intento de intimidación y agresión” contra los opositores del gobierno, dijo el Militant. La lista era una agresión contra los derechos constitucionales — los del PST, los de todas las organizaciones nombradas en la lista y los de toda la clase trabajadora— y por lo tanto debía ser abolida.

En julio de 1948 el gobierno presentó cargos contra 12 dirigentes del Partido Comunista bajo las mismas clausulas de la ley Smith que había utilizado siete años antes contra los líderes de los Teamsters y del PST. “Dobbs denuncia los arrestos bajo la ley Smith”, declaraba un titular de primera plana del Militant.

La semana siguiente, en el mismo número que reportaba la demanda del PST de que se aboliera la lista del Fiscal General, el Militant publicó una carta de Dobbs dirigida al Partido Comunista denunciando la ley Smith como un arma de los gobernantes capitalistas “dirigida al movimiento político obrero y sindical”. Prometiendo el apoyo del PST a la defensa de los dirigentes del Partido Comunista, Dobbs decía, “Solo la solidaridad de todo el movimiento obrero y de todas las tendencias dentro de este, pueden derrotar la ley Smith que amenaza a todos los sectores del movimiento obrero”.

En 1949 Dobbs cubrió para el Militant el juicio de los líderes del Partido Comunista. Once fueron encontrados culpables y sentenciados a prisión, la mayoría por cinco años.

(Como parte del apoyo completo del Partido Comunista al esfuerzo guerrerista de Washington en la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista no solo se negó a defender al PST y a los líderes de los Teamsters, sino que entregó un “expediente” al fiscal general en 1941. La dirección del Partido Comunista nunca ha repudiado su traición al principio obrero de que “un daño contra uno es un daño contra todos”. Sin embargo, el asesor legal del Partido Comunista por muchos años, John Abt, a su vez un cuadro del partido, lo hizo en sus memorias de 1993. Abt dijo que no fue sino hasta que se presentaron cargos contra los dirigentes del Partido Comunista que el leyó el informe del juicio de 1941 “y vio que los casos contra las dos organizaciones eran virtualmente idénticos. Los Comunistas habían cometido un error terrible al no defender al PST”.)

En 1948 el gobierno de Estados Unidos despidió a James Kutcher de su trabajo en la Administración de Veteranos acusándolo de “deslealtad” por militar en las filas del PST. Kutcher, quien perdió sus piernas en la guerra, recuperó su trabajo y su pensión tras ocho años de una campaña de defensa que ganó el apoyo de sindicatos, organizaciones de veteranos, capítulos de la NAACP, iglesias de afroamericanos y grupos de defensa de los derechos civiles.

El PST se volcó a la batalla para derribar la segregación racial Jim Crow en el sur. Cuando miles de negros en Montgomery, Alabama, realizaron un boicot de los autobuses de la ciudad para protestar contra la segregación de los asientos en los autobuses, Dobbs —de nuevo candidato presidencial del PST en 1956— ayudó a organizar la campaña conocida como Station Wagons for Montgomery Campaign (Campaña de camionetas para Montgomery). El llevó a Montgomery un vehículo donado por sindicalistas de Detroit y cubrió la lucha en Montgomery para el Militant.

Esta y otras luchas contra la discriminación racial en Alabama llevaron a una victoria crucial contra el uso de leyes que obligaban a la NAACP a que entregara listas de sus miembros al estado (y al Ku Klux Klan y otros grupos similares). Para protestar contra este ataque al derecho a la privacidad y la asociación política, el grupo se negó a entregar listas y recibió una multa de 100 mil dólares. La NAACP llevó el caso a la Corte Suprema en 1958 y ganó. Esta victoria fue un precedente que ayudó a que el PST ganara su exención de tener que entregar listas de contribuyentes a sus campañas 16 años más tarde.

Estas poderosas batallas por los derechos de los negros inspiraron a una generación de jóvenes en las décadas de 1960 y 1970 que se vieron atraídos a la Revolución Cubana. Organizaron protestas masivas contra la guerra de Washington en Vietnam e hicieron campaña por el derecho de la mujer a elegir el aborto.

En respuesta a este cambio en la situación política, el PST lanzó en 1973 una campaña para desafiar el espionaje y campañas de desorganización del gobierno y para fortalecer los derechos obreros. Como parte de este esfuerzo político el partido entabló una demanda contra el FBI y otras agencias policiales, acusándoles de violar sus derechos y los de sus partidarios.

En 1988, tras una batalla de 15 años, el Partido Socialista de los Trabajadores ganó el caso en el tribunal federal y el gobierno anunció que no apelaría la decisión. Los hechos sobre el espionaje y hostigamiento del gobierno que salieron a la luz a través de esa lucha han sido importantes desde entonces para la batalla del PST para mantener su exención de las leyes que exigen tener que entregar información a la FEC sobre contribuciones a las campañas electorales.

En una carta a la FEC de octubre de 2012 solicitando que se extendiera la exención del PST, los abogados del partido, Michael Krinsky y Lindsey Frank, reportaron que el FBI había amasado más de 8 millones de documentos sobre el PST. Entre 1960 y 1976, ellos escribieron, “el FBI empleó aproximadamente 1 300 informantes”, les pagaron más de 1.6 millones de dólares y “condujeron por lo menos 204 ‘entradas secretas’ u operaciones de bolsa negra”, en oficinas del PST.

Las décadas de trayectoria obrera revolucionaria y el record político del Partido Socialista de los Trabajadores desde su fundación están en el centro de esta lucha. Y el tribunal federal falló que estas actividades están protegidas por la Carta de Derechos.

Y como dijimos al inicio de esta serie, la base de esta victoria fue el esfuerzo de “los muchos lectores del Militante, partidarios de las campañas del PST y otros defensores de los derechos políticos que no dejaron pasar ningún incidente de hostigamiento, amenazas o ataques contra candidatos del PST o sus partidarios sin reportarlo” para que el Partido Socialista de los Trabajadores los use en esta batalla constante.  
 
 
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