Vol. 76/No. 13      2 de abril de 2012

El fallo le da a la policía la luz verde para negarle al pueblo trabajador de manera más descarada la protección constitucional contra la autoincriminación. A la vez, para el pueblo trabajador los derechos de Miranda de por si se han convertido en poco más que un procedimiento que la policía usa como parte de su rutina para montar casos fabricados con interrogaciones agobiantes, violencia, “confesiones” forzadas y “acuerdos de culpabilidad convenida” con amenazas de sentencias aun más duras.

Los derechos de Miranda se establecieron en junio de 1966 bajo el impacto de las batallas por los derechos civiles. La Corte Suprema ordenó un nuevo juicio para Ernesto Miranda, quien fue encontrado culpable en el estado de Arizona de violación y secuestro basándose en una “confesión” forzada, de la cual él después se retractó. El fallo de la corte declaró que la policía debe informar a los que están bajo su custodia que tienen el derecho a permanecer callados y a tener un abogado presente durante una interrogación y que cualquier declaración que hagan puede ser usada en su contra en la corte. Cuatro meses después Miranda recibió un juicio nuevo en el cual fue declarado culpable, a pesar de la falta de pruebas físicas o de haber sido identificado por la víctima.

El fallo más reciente dice que los derechos de Miranda no se aplican a los presos, bajo el falso argumento de que los prisioneros no están “en custodia” de la policía aunque estén tras las rejas. El caso involucró a Randall Fields, detenido en una cárcel en Michigan bajo cargos de violar el orden público. Policías armados lo sacaron de su celda y lo interrogaron por siete horas, obligándolo a confesar un crimen sexual por el cual recibió una sentencia de 10 a 15 años de prisión.

Esta revisión de la ley es el más reciente ataque contra los derechos de Miranda en años recientes. En 2010 el FBI emitió lo que en aquel entonces eran “directrices” secretas, instruyendo a sus agentes que no dijeran nada sobre los derechos de Miranda durante la interrogación inicial de individuos calificados de “terroristas” que tal vez se le podrían decir los derechos de Miranda a esos detenidos más tarde.

También en 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que un hombre de Michigan que permaneció callado después de tres horas de una dura interrogación policial debe de ser encontrado culpable después de que los policías lo atraparon a que respondiera ‘sí’ a tres preguntas. “¿Crees en Dios?” “¿Rezas a Dios?” y “¿Rezas a Dios para que te perdone por haber disparado a ese muchacho?”

Otro fallo ese año dijo que la policía puede, en las palabras del New York Times, “variar las palabras”. Otro fallo declaró que la policía puede detener a individuos que han usado su derecho a mantenerse en silencio para una segunda ronda de interrogación dos semanas después de soltarlos.

La mayoría de los trabajadores, particularmente los que son negros, son encontrados culpables como resultado de acuerdos de culpabilidad convenida obtenidos por coerción de la policía y los fiscales —lo que prácticamente convierte los derechos de Miranda en algo casi irrelevante. “El juicio con jurado se ha convertido en algo raro”, declaró un artículo en la edición del 30 de enero de la revista The Nation. El artículo señalaba que los fiscales a menudo amenazan con sentencias de cadena perpetua por delitos menores a menos de que se llegue a un “acuerdo” antes de llegar a un juicio. Hoy, declaraba “más del 95 por ciento de las sentencias por crímenes mayores en condados metropolitanos resultan de acuerdos de culpabilidad”.
 
 
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