El Militante (logo)  

Vol. 76/No. 11      19 de marzo de 2012

 
Los derechos de la mujer, libertad
de culto y la ‘reforma’ de la salud
(portada)
 
POR NAOMI CRAINE  
La prensa capitalista ha informado de la controversia en torno a si las instituciones operadas por entidades católicas pueden negar a sus empleados seguro médico para cubrir costos de anticonceptivos. La cuestión ha sido presentada en gran parte dentro del marco de la política burguesa y del debate entre los dos partidos capitalistas, demócrata y republicano. Pero varios de los temas planteados son importantes para la clase trabajadora.

El 20 de enero el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que las iglesias quedarán exentas de proveer seguro para anticonceptivos a sus empleados, pero que otras empresas religiosas afiliadas como las universidades y los hospitales católicos, deben proveer cobertura a partir de agosto de 2013.

La Ley de Salud Asequible para América de 2010 prepara el terreno para una masiva burocracia gubernamental para obligar a la mayoría de las empresas a proveer seguro médico o pagar multas, y ordena a las personas que no tienen seguro a través de su trabajo a que lo compren o paguen una multa a partir de 2014.

Esta “reforma de la salud”, pregonada por el presidente Barack Obama como uno de sus más grandes logros, será una bonanza de ganancias para las empresas de seguros, a la vez que probablemente acelerará el deterioro de la calidad de los servicios médicos para millones de trabajadores. Solo que ahora, de una manera u otra, todos tendrán “seguro” o pagarán multas. Pero tener seguro no significa que uno puede costearse las consultas médicas.

El proyecto de ley de salud ha sido acompañado de ataques contra los programas sociales existentes, y en particular Medicaid y Medicare.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos denunció el nuevo requisito de que empresas religiosas afiliadas cubran los anticonceptivos en sus planes médicos como un ataque contra la “libertad de religión,” porque la iglesia predica contra los anticonceptivos. Todos los candidatos presidenciales republicanos principales se han unido en condenar el mandato.

Tres semanas después, Obama anunció un “compromiso”, diciendo que empresas religiosas afiliadas que se nieguen a proveer cobertura para anticonceptivos no tendrán que pagar por ello. Y afirmó que las compañías de seguro cubrirían lo que las empresas se nieguen a pagar, porque es más caro cubrir embarazos y partos que anticonceptivos.

El derecho de la mujer a controlar sus propio cuerpo —incluyendo el acceso a anticonceptivos y al aborto, seguros y asequibles— es una cuestión clave para la clase trabajadora. (Bajo el nuevo mandato el aborto está excluido explícitamente del seguro.) Poder decidir si tener hijos y cuándo tenerlos es imprescindible para la completa participación de la mujer en la sociedad.

El argumento de que “el control de la natalidad es más barato que un embarazo” perjudica la defensa de este derecho. Provee munición a los que se oponen a los derechos de la mujer e intentan tomar una supuesta posición moral más alta aduciendo que no debe considerarse como una cuestión “económica”. Tienen razón, es una cuestión social y política. El punto es que la decisión es un derecho de la mujer.

La Conferencia de Obispos ha declarado “inaceptable” el compromiso de Obama y está presionando para que se legisle la exención de cualquier empresa a cubrir servicios contrarios a sus “creencias religiosas o convicciones morales”.

La clase trabajadora siempre debe defender la libertad de religión —el derecho de todo individuo a practicar una religión o no, libre de la interferencia, los obstáculos o el “apoyo” del gobierno.

Eso es diferente que usar “la libertad de religión” para justificar la imposición de las posiciones de la jerarquía de la iglesia a millones de personas. En 2003 había más de 600 hospitales afiliados con la iglesia católica en Estados Unidos, 12 por ciento del total. En algunas zonas rurales estos hospitales son el único proveedor de servicios médicos. Estas instalaciones representan una inmensa riqueza social, el producto del trabajo del pueblo trabajador. Los servicios que proveen no deberían limitarse a lo que el clero apruebe.

Finalmente, este debate subraya el hecho de que los políticos demócratas y republicanos por igual, están comprometidos a mantener los servicios médicos como un negocio que provee ganancias. Mientras este sea el caso —con o sin mandatos de seguro del gobierno— muchos trabajadores confrontarán acceso limitado al cuidado médico y de peor calidad, a pesar de los inmensos recursos que nuestro trabajo ha creado.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto