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Vol. 76/No. 8      27 de febrero de 2012

 
Canadá: Aprietan a agricultores
explotados al cesar control de precios
(portada)
 
POR JOHN STEELE  
MONTREAL—Muchos agricultores canadienses que trabajan su propia tierra y cuya situación actual es difícil están hablando en contra de la decisión del gobierno federal de desmantelar la Junta Canadiense del Trigo.

Por unos 70 años la Junta del Trigo ha mantenido un monopolio sobre las ventas de trigo y cebada de los agricultores del oeste de Canadá. Los agricultores han vendido todos sus granos a la junta y reciben precios comunes, basados en un promedio negociado por la junta en el mercado mundial. Esto ha ayudado a los agricultores explotados, pequeños agricultores que trabajan su tierra, o a veces tierras rentadas, usualmente con otros miembros de la familia, y empleando a lo más a pocos trabajadores, a enfrentar la competencia de los agricultores capitalistas y los agronegocios así como los pagos de sus deudas a los bancos.

Los gobernantes capitalistas de Canadá no han apoyado a la junta todos estos años porque les importe el bienestar de los agricultores que trabajan su tierra. La junta le ha dado al imperialismo canadiense una ventaja en los mercados en el país y en el extranjero frente a los monopolios de Estados Unidos y otros países.

En el proceso, los gobernantes de Canadá han señalado a la junta como una razón por la qué los agricultores que trabajan deben respaldar medidas proteccionistas, lo que termina enfrentándolos contra el pueblo trabajador de otros países imperialistas y de las naciones oprimidas de todo el mundo.

Canadá representa el 20 por ciento de las exportaciones mundiales de trigo. El 85 por ciento de este es producido por agricultores en Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica. La mayor parte se exporta a través de la Junta del Trigo.

El gobierno imperialista de Estados Unidos, que actúa en nombre de los propietarios de las gigantes empresas norteamericanas del agronegocio como Cargill, ha tratado en vano 14 veces en las últimas dos décadas de convencer a la Organización Mundial del Comercio que declare a la Junta del Trigo como una “práctica comercial injusta”.

El diciembre pasado, el gobierno conservador del primer ministro canadiense Stephen Harper terminó el monopolio de la Junta del Trigo y despidió de su consejo directivo a los miembros electos por los agricultores. La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de agosto, declara que la junta debe ser privatizada o disuelta en cinco años.

En declaraciones al Militante, el productor Ian Robson de Manitoba calificó la disolución de la junta como legislación tipo “bota militar”. Robson produce trigo, colza y ganado en 900 acres (1 acre equivale a 0.4 hectáreas) cerca de Deleau, Manitoba, y es miembro de la Unión Nacional de Agricultores. Las granjas en Manitoba tienen un promedio de mil acres, según informes del gobierno.

Si se va la junta, “me será mucho más difícil vender mi grano”, dijo Robson. “El personal de la Junta del Trigo investiga los precios en 70 países. ¿Cómo puede hacer eso un agricultor individual?”

La abolición del monopolio de la Junta del Trigo acelerará “la concentración del capital en la agricultura en detrimento de los agricultores que trabajan su tierra”, dijo al Militante Howard Brown, que cultiva 1 900 acres en Saskatchewan. Las granjas allí tienen un promedio de alrededor de 1 500 acres.

Más y más agricultores tienen que arrendar sus tierras, trabajar un empleo o ambas cosas para evitar la ejecución hipotecaria y seguir en la agricultura. Aproximadamente 2 500 de las 230 mil fincas de Canadá fallan al año, absorbidas por los bancos, las compañías de bienes raíces y los agricultores ricos.

Según una encuesta de 2011 realizada por la Junta del Trigo más del 70 por ciento de los agricultores con menos de 2 500 acres desean que se mantenga la junta (el 76 por ciento de aquellos con menos de 640 acres), pero sólo el 47 por ciento de aquellos que tienen más de 2 500 acres.

La evolución de la Junta del Trigo

La Junta del Trigo se creó en 1935, en parte como una concesión del gobierno a las luchas de los agricultores, para facilitar la competencia entre ellos y los grandes capitalistas que manejan el grano. En 1943, Ottawa dio a la junta un monopolio sobre las ventas bajo la Ley de Medidas de Guerra para garantizar el grano a los aliados imperialistas de Canadá en la Segunda Guerra Mundial.

Grandes protestas de agricultores en la década de 1990 frenaron los esfuerzos del gobierno liberal, la agroindustria y muchos agricultores capitalistas para hacer incursiones contra el monopolio de la cebada. En 1998, Ottawa cambió la junta de una entidad dirigida por el gobierno a una empresa regulada conjuntamente con el gobierno federal, con 10 directores elegidos por los agricultores y cinco nombrados por el gobierno. Se suponía que los agricultores tendrían el voto decisivo sobre cualquier cambio importante.

Pero la nueva ley de Ottawa fue adoptada sin permitir que los agricultores votaran. (En una votación de carácter no vinculante realizada por la junta en agosto el 62 por ciento de los productores de trigo y el 51 por ciento de los productores de cebada votaron a favor de que se mantenga el monopolio.)

La nueva ley cuenta con el respaldo de los propietarios de las grandes empresas de granos de Canadá como Richardson y Viterra, así como los propietarios de la Canadian Pacific y Canadian National Railways. La desaparición de la junta fue aclamada en Moose Jaw, Saskatchewan, el 4–6 de enero en el congreso de la Asociación de Productores de Trigo del Oeste de Canadá, una organización de, según dicen ellos, “agricultores progresistas y empresarios emprendedores”.

“Es una cuestión de principio y de economía”, dijo al Militante Mike Bast, un agricultor de Alberta que tiene 2 mil acres de tierra y es líder de la asociación. Dijo que los estudios muestran que en el 90 por ciento de los casos “se hubieran logrado mejores contratos en el mercado abierto”.

El voto no vinculante de la junta en agosto “fue un fraude”, dijo Bast. La junta envió 68 mil papeletas, “pero sólo hay entre 15 mil y 20 mil… cuyo único ingreso es de la agricultura”. Lo que implica que no se debería haber permitido que votaran los agricultores que rentan tierra o que trabajan en un empleo para suplementar sus ingresos.

Choque de intereses de clase

El cambio sobre la Junta del Trigo entre los gobernantes de Canadá muestra por qué los agricultores que trabajan —a la vez que se oponen a medidas como ésta que empeoran las condiciones de vida y de trabajo en la tierra— no pueden depender de las juntas o los organismos del gobierno capitalista. Esto demuestra por qué apoyar las políticas nacionalistas y proteccionistas de los gobernantes, las cuales están dirigidas en contra de los trabajadores y agricultores en el extranjero, va en contra de los intereses del pueblo trabajador.

Hoy, en ausencia de una resistencia organizada a la nueva ley de Ottawa, la oposición tiene lugar, en gran medida, en los tribunales. El gobierno está apelando una decisión de la corte federal el 7 de diciembre según la cual el gobierno violó la Ley de la Junta Canadiense del Trigo al no realizar un referéndum entre los agricultores.

La eliminación de los precios garantizados por la Junta del Trigo para los agricultores que trabajan la tierra es uno de los frentes en los esfuerzos de la clase dominante y sus gobiernos para trasladar la carga de la crisis capitalista hacia las espaldas de los “esclavos asalariados” en las fábricas y los “esclavos de la deuda” en la tierra.

Al profundizarse los ataques capitalistas, los agricultores que trabajan la tierra tienen que ofrecer solidaridad a los trabajadores que luchan contra los patrones en Canadá, en Estados Unidos y el resto del mundo. Y los trabajadores tienen que extender una mano de apoyo activo a sus compañeros, los explotados trabajadores de la tierra.

Annette Kouri contribuyó a este artículo.  
 
 
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