Vol. 75/No. 42      21 de noviembre de 2011

Los nombres se hicieron públicos horas después de que el juez federal de distrito Benjamin Settle falló a favor de rechazar una demanda que exigía que no se dieran a conocer los nombres.

Las peticiones fueron firmadas por personas que se oponen a una ley del que legaliza el estado civil de parejas domésticas para personas del mismo sexo. Dos de las organizaciones que apoyan el estado civil de las parejas domésticas, WhoSigned.org y KnowThyNeighbor.org, anunciaron que tenían la intención de poner los nombres y las direcciones de los firmantes en un sitio en la Internet.

La demanda fue presentada por James Bopp Jr., un conocido abogado conservador, en nombre del Proyecto Matrimonio de Washington, un grupo que circuló peticiones en contra de los derechos de parejas del mismo sexo.

KnowThyNeighbor.org ha dado a conocer los nombres de centenares de miles de personas que firmaron peticiones similares en Massachusetts, Florida y Arkansas. “Encontrar los nombres de amistades, vecinos, parientes, compañeros de trabajo, etcétera, ayudó a empujar a muchos hacia el activismo”, dice la declaración del grupo.

La demanda documentó decenas de ejemplos de amenazas de muerte, amenazas de violencia, actos de vandalismo, pérdida de empleos y de ofertas de empleo así como ataques contra individuos y sus familias y contra organizaciones e iglesias que expresaron su oposición al derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo.

El juez Settle ignoró el derecho constitucional a la privacidad y la libertad de expresión y asociación política de las 138 mil personas que firmaron la petición. “Si unos cuantos ejemplos de hostigamiento se usaran como norma para prevenir que se dieran a conocer los nombres, su divulgación entonces sería la excepción, más que la regla”, argumentó el juez.

En 2010 la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las leyes sobre conocimiento público como la de Washington eran legales. No obstante, devolvió la ley al juez federal Settle, diciendo que debía de emitir un fallo sobre si los firmantes enfrentarían hostigamiento.

Argumentando que firmar una petición “necesariamente implica discurso y asociación políticos según la primera enmienda de la constitución”, Clarence Thomas fue el único juez de la Corte Suprema que votó en contra del fallo. La decisión “restringe severamente estos derechos y cohíbe la participación ciudadana en el proceso de referéndum”, dijo.  
 
El PST lucha contra la divulgación
Entre los casos de divulgación pública citados en la demanda se encuentra el del Partido Socialista de los Trabajadores, que desde 1979 ha luchado exitosamente para que no se divulguen los nombres de sus contribuyentes, ganando la exención de tener que divulgar estos nombres a nivel federal, estatal y local, incluyendo en el estado de Washington. Un argumento central en la continua lucha para mantener esta exención fueron los hechos descubiertos en otra batalla legal de 15 años de duración, que ganó el PST en 1986, y que desenmascaró una campaña de décadas de duración de hostigamiento, espionaje e intentos de desorganización por parte del FBI y otras agencias policiales políticas.

La victoria del PST contra las violaciones de las protecciones constitucionales se produjo tras las luchas proletarias masivas por los derechos de los negros, así como de los movimientos populares contra la guerra en Vietnam, por los derechos de la mujer y otras luchas progresistas de los años 60 y 70

Cada varios años el PST ha sometido solicitudes y ha ganado estas exenciones basándose en extensa evidencia de hostigamiento del partido por parte de la policía, los derechistas y otros enemigos del pueblo trabajador. En medio de los crecientes ataques del gobierno contra los derechos de los trabajadores, la Comisión Electoral Federal parece estar sentando las bases para revertir el derecho del partido a mantener la privacidad de sus contribuyentes.

En 2009 el PST solicitó una extensión de su exención, presentando documentación de 77 incidentes de ataques, hostigamiento o amenazas, que eran más amplios que los presentados las últimas dos veces en 2003 y 1996.

A pesar de la abrumadora evidencia del aumento en el hostigamiento, la Comisión Electoral Federal extendió la exención por sólo cuatro años, en vez de los seis años que había aprobado durante las últimas dos décadas, basándose en que los incidentes “parecen ser de menor magnitud”.  
 
 
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