Vol. 75/No. 16      25 de abril de 2011

Además de los cargos imputados a los 15 acusados por violación de la Ley de Armas, el prominente activista Tuhoe, Tame Iti, y cuatro otros enfrentan cargos de “estar involucrados en una banda de crimen organizado.”

Valerie Morse, quien ayuda a redactar un boletín informativo para la defensa en Wellington, describió como en la mañana del 15 de octubre de 2007, una patrulla de la policía la arrestó y le incautó su computadora, ficheros de papeles, libros y fotos. En lo que oficialmente se llama “Operación 8”, más de 300 policías allanaron unas 60 casas en Wellington, Christchurch, Auckland, y otras partes ese día.

La redada más grande tuvo lugar en Ruatoki. Policías fuertemente armados y con pasamontañas pusieron retenes, acosaron a los pasajeros de un autobús escolar y de otros vehículos e irrumpieron en las casas. Un helicóptero policial con un francotirador a bordo sobrevolaba por el lugar.

Esa misma mañana 20 policías de la Patrulla contra Delincuentes Armados tomaron preso a Tame Iti en la ciudad cercana de Whakatane, forzándolo a tenderse en el suelo a punta de pistola. Iti ha sido una personalidad importante en las luchas por los derechos de los maoríes por más de cuatro décadas.

El pueblo Tuhoe exige que el gobierno devuelva a la tribu un gran parque nacional en la región de Urewera. La mayoría de las tierras de los Tuhoes les fueron arrebatadas por el gobierno de Nueva Zelanda tras una sangrienta invasión militar en la década de1860.

El gobierno alega que los campos en los matorrales escabrosos de Urewera, una área de caza bien conocida, fueron utilizados para el entrenamiento en el uso de armas de fuego. El comisionado de policía Howard Broad dijo que los policías actuaron “en el interés de la seguridad pública” al poner fin al entrenamiento de tipo militar.

La mayoría de los arrestados fueron encarcelados. Una vez que fueron puestos en libertad casi un mes después enfrentan toques de queda, deben reportarse a la policía y tienen prohibido asociarse uno con otro. Viajar al extranjero está sujeto al veto, y viajar al valle de Urewera está restringido. Desde entonces la mayoría de estas condiciones no han sido impuestas de manera estricta, dijo Morse al Militante.

En vista del furor, y diciendo que aunque la operación acabó con algunas “actividades muy perturbadoras”, el fiscal general David Collins decretó en noviembre de 2007 que las acusaciones bajo la ley de terrorismo no eran sostenibles. Esta decisión “fue una victoria enorme para nosotros”, dijo Morse, pero la policía continuó promoviendo los cargos amañados usando la Ley de Armas. Bajo esa ley, dijo, un acusado debe probar su inocencia, lo que pone de cabeza el principio de que una persona es “inocente hasta que se pruebe su culpabilidad”.

Decenas de miles de páginas de documentos de la policía están sujetos a órdenes de supresión, obstaculizando los esfuerzos de los acusados para preparar su defensa y para ganar apoyo. Más aún, dijo Morse, el Tribunal Superior de Auckland decretó a finales del año pasado que los acusados no pueden elegir un juicio con jurado, una decisión que ha sido sostenida por el Tribunal de Apelación el 29 de marzo.  
 
 
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