Vol. 75/No. 8      28 de febrero de 2011

El Dr. Kermit Gosnell, director de la clínica, ha sido acusado de ocho asesinatos, que incluyen el homicidio de una mujer que el fiscal dice murió por una sobredosis de sedantes, y siete “infanticidios”, alegando que los fetos habían nacido vivos y luego se les cortó la médula espinal. Nueve trabajadores de la clínica han sido acusados, tres de “asesinato de un bebé viable”.

Pacientes han demandado a la clínica por negligencia por lo menos 15 veces, , y ahora ex pacientes están hablando francamente sobre las condiciones que vivieron.

Según la revista Time, “Claramente, la Sociedad Medica de la Mujer era un proveedor de atención médica de último recurso. Muchas de las mujeres que fueron allí eran demasiado jóvenes o su embarazo estaba demasiado avanzado para recibir tratamiento en establecimientos médicos convencionales.”

Los medios de comunicación han estado llenos de descripciones espeluznantes de las prácticas en la clínica de Gosnell, extraídas del informe del gran jurado. La clínica fue cerrada hace un año y la licencia médica de Gosnell fue revocada.

El informe del gran jurado de 261 páginas a menudo parece más como un ataque contra al derecho de la mujer a optar por el aborto que como una acusación penal. El informe insta a que se lleven a cabo cambios radicales que harían más difícil que las mujeres en el estado de Pennsylvania puedan obtener un aborto.

El informe insta a que se relaje el estatuto de limitaciones “para abortos ilegales realizados después de 24 semanas”, y que se modifique la Ley de Control del Aborto para añadir sanciones penales por lo que denomina “la mutilación de cualquier resto fetale, ya sea viable o no, o sea de un nacimiento vivo”.

El jurado recomienda informes de patología después de las 20 semanas. El médico “debe certificar que el feto no es viable y enviar el feto a un patólogo para que lo confirme”, y que el Departamento de Salud “se de a si mismo el poder” de cerrar definitivamente una clínica de abortos si no reporta un aborto en el segundo o tercer trimestre.

Los que se oponen al derecho al aborto están tratando de usar el contenido político del informe del gran jurado. Michael McMonagle, director de asuntos públicos de la Unión Pro-Vida del Sureste de Pennsylvania, dijo al Inquirer, “Gosnell, es sólo una extensión lógica del llamado derecho a elegir”.

Políticos demócratas y republicanos se han declarado en apoyo al informe del gran jurado y los cargos. El reciente ex gobernador de Pennsylvania Edward Rendell emitió una declaración diciendo que estaba “asombrado” que el departamento de salud no haya supervisado la clínica.

Dos semanas después de tomar el puesto, el nuevo gobernador Thomas Corbett, quien hizo campaña en contra del derecho al aborto, dijo que los hallazgos eran “espantosos”.

Dayle Steinberg, presidente de Planned Parenthood del Sureste de Pennsylvania, respondió a las llamadas a que se aumenten las restricciones. “El hecho es que el aborto es ya un procedimiento muy restringido, especialmente en Pennsylvania, donde las regulaciones requieren períodos de espera y dos o tres citas.

“Estas restricciones han causado que algunas mujeres retrasen el aborto, a menudo hasta el segundo trimestre, donde se convierte en un riesgo médico mayor y más caro”, dijo.

“Restricciones que dificulten aún más el acceso al aborto seguro no son la respuesta, y sólo incrementarán el número de mujeres pobres que se ven obligadas por las circunstancias a optar por métodos inseguros”.

Los partidarios del derecho de la mujer a elegir también señalan que Pennsylvania ha prohibido el uso de fondos de Medicaid para el aborto por 26 años.

“Estos cargos se están utilizando para atacar el derecho de la mujer al aborto”, dijo Osborne Hart, candidato a fiscal del Partido  
 
 
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