Vol. 75/No. 6      14 de febrero de 2011

Unos 44 estados y el Distrito de Columbia anticipan tener déficit presupuestarios de hasta 125 mil millones de dólares para el año fiscal 2012, que comienza en julio de este año.

A diferencia del gobierno federal, los estados no pueden imprimir dinero para saldar estos déficits. Los fondos federales de “estímulo” otorgados a los estados y las ciudades durante los últimos dos años, y que pospusieron algunos despidos y recortes, se están terminando. Casi 400 mil empleos de trabajadores estatales y metropolitanos han sido eliminados desde agosto de 2008.

En Texas, el gobierno planea recortar 9 300 empleos más este año; en Georgia, 14 mil más están en la lista de espera. El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo proyecta despedir a más de 10 mil trabajadores e imponer una congelación de salarios.

Los gobernadores tanto del partido Demócrata como del Republicano planean “recortes que lleguen hasta el hueso” a Medicaid, un programa que proporciona asistencia médica a gente de bajos ingresos, comenta el New York Times. La gobernadora de Arizona Janice Brewer, republicana, intenta eliminar a 280 mil adultos del programa. En California, el nuevo gobernador Edmund Brown, demócrata, propone ahorrar dinero limitando el número de visitas médicas permitidas por año.

Bajo la constitución estadounidense los estados no pueden declararse en bancarrota.

Entre aquellos que encabezan el intento de permitir que los estados tengan la opción de declararse en bancarrota se encuentra el ex presidente de la cámara de representantes Newt Gingrich. En una columna en el Los Angeles Times del 27 de enero, firmada con el ex gobernador de Florida John “Jeb” Bush, argumenta que esto permitiría a los estados “reorganizar sus finanzas libres de sus obligaciones contractuales con los sindicatos”, permitiendo a los estados “terminar algunos, todos o ninguno de los contratos sindicales con los empleados públicos y establecer nuevos niveles de compensación y reglamentos de trabajo”.

Sin tener que declararse en quiebra, los funcionarios estatales “ya tienen opciones para presionar a sus sindicatos” con despidos en masa, congelaciones salariales y permisos involuntarios, explicaba un artículo de E.J. McMahon, del Instituto de Manhattan, en la edición del 24 de enero del Wall Street Journal .

Mientras los salarios de los trabajadores están siendo recortados, los tenedores de acciones siguen cobrando sus intereses. Nueva York “tiene un administrador que interviene las rentas públicas y efectúa algunos pagos de acciones antes de que el estado pueda obtener el dinero”, informó el New York Times.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto