Vol. 74/No. 41      1 de noviembre de 2010

Las inspecciones del gobierno han aumentado en 89 minas de carbón que tienen un historial de repetidas violaciones desde el desastre del 5 de abril en el que murieron 29 mineros en la mina Upper Big Branch. Los inspectores del gobierno además dicen haber aumentado el uso de órdenes para cerrar minas hasta que las violaciones sean reparadas. Estas medidas han tenido poco impacto en la seguridad ya que los patrones continúan aumentando la producción.

Ya que cada vez hay menos minas sindicalizadas y hay pocos esfuerzos para sindicalizar a los mineros, los patrones casi no sufren consecuencias por las muertes de mineros en el trabajo.

Después de que las empresas reciben una citación de la agencia MSHA, tienen el derecho a impugnarla y no tienen que pagar ninguna multa hasta que el caso sea resuelto.

El número de apelaciones no resueltas ha aumentado de 16 600 cuando tuvo lugar la explosión en Upper Big Branch a 18 100 hoy en día.

Los mineros con experiencia y sus familias saben que la respuesta no es aumentar las reglas contra las empresas mineras, que siempre presionan para aumentar sus ganancias.

“No quiero oír a otro político decir que van asegurarse de que esto no pase otra vez”, dijo Deborah Hamner, cuyo esposo George murió en la mina Sago, al Washington Post. “Es hora de que los mineros luchen por la seguridad. Washington no lo va a hacer”.  
 
 
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