Vol. 74/No. 31      16 de agosto de 2010

Militante/Naomi Craine

Protesta en Phoenix el 29 de julio, el día que ley antiinmigrante entraba en vigencia.

La caravana se unió a una de las varias marchas y actos realizados en Phoenix para protestar contra el proyecto de ley de Arizona SB 1070. También hubieron demostraciones en varias ciudades del país, entre ellas Nueva York, San Francisco, Miami y Chicago.

Partes importantes de la ley fueron bloqueadas por una orden judicial el día previo a que entrara en vigor, incluyendo una cláusula que ordena a la policía a verificar el estatus migratorio de todas las personas que sean detenidas si tienen “sospecha razonable” de que se encuentren ilegalmente en el país. También fueron eliminadas las multas estatales a los inmigrantes que no porten sus documentos. Sin embargo, se permitió que otras secciones de la ley como la prohibición de “albergar o transportar” trabajadores indocumentados permanezcan en pie. La ley repite legislación federal existente, pero añade castigos estatales.

Uno de los contingentes más grandes de gentes que vinieron de California fue el del sindicato de empleados de servicios SEIU, que incluía a muchos trabajadores afroamericanos. Brendloyn Hendrix, un asistente de salud a domicilio, dijo que el viaje a Phoenix era importante. Este tipo de ley no solo va contra los trabajadores “de piel morena”, dijo.

“A la gente no se le debe tratar de manera diferente”, dijo Karen Smith, miembro del consejo ejecutivo de su local del sindicato SEIU y de la NAACP en Oakland, California. “Todos deben tener el derecho de ir donde deseen. Estoy aquí para apoyar eso”. Smith estaba conversando con Eleanor García, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para el Congreso por el Distrito 33 de California, quien también formó parte de la caravana que vino de Los Angeles.

García explicó que su campaña se une a la lucha de los inmigrantes por la legalización y enfatiza la necesidad de que el pueblo trabajador construya un partido obrero basado en los sindicatos, los cuales son las organizaciones básicas que los trabajadores tienen para organizar solidaridad y defender sus intereses. “Los sindicatos necesitan jugar un mayor papel en luchas como esta”, respondió Smith.

Después de arribar a Phoenix, los sindicalistas angelinos participaron en un foro comunitario y luego marcharon al capitolio del estado, donde se había estado realizando una vigilia organizada por las iglesias locales y organizaciones religiosas desde que se firmó la ley SB1070.

También el 29 de julio, el alguacil Joseph Arpaio lanzó la décimo sexta redada de inmigración en el área de Phoenix en donde policías y voluntarios detenían a personas a veces por violaciones menores como cruzar la calle sin respetar la señal de cruzar. Posteriormente verificaban el estatus migratorio de los detenidos, algo que la ley federal existente ya insta a los policías a hacer.

“Nada va a disuadir a este alguacil y a mi departamento, ni siquiera órdenes judiciales de un juez federal”, dijo Arpaio ese día. “Las cosas van a seguir como siempre”.

Las secciones de la ley que han sido suspendidas “hubieran sido un buen toque especial adicional para poder encerrarlos en vez de entregarlos a ICE [agencia de Control de Inmigración y Aduanas]”.

Varios trabajadores que se encontraban en el capitolio para la manifestación hablaron con García sobre sus reacciones a la ley, y sobre lo que enfrentan como trabajadores.

Araceli Ramírez, quien trabaja como asistente de enfermera en Phoenix, dijo que “La ley nos va a afectar mucho a todos, por que la gente te va a ver de una manera diferente. Me afecta en el trabajo a pesar de que soy ciudadana. He estado cuidando ancianos por 15 años. No importa nuestra nacionalidad, todos somos seres humanos”.  
 
 
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