Vol. 74/No. 21 31 de mayo de 2010
Estos derechos se establecieron después de que una decisión de la Corte Suprema en 1966 anulara la condena de un trabajador de Arizona, Ernesto Miranda, el cual “confesó” un delito mientras estaba detenido por la policía sin tener un abogado presente. El caso fue presentado durante las batallas por los derechos civiles que derrocaron la segregación racial contra los negros conocida como Jim Crow. Ese poderoso movimiento dio también ímpetu a la extensión posterior de los derechos políticos y las protecciones constitucionales a todo el pueblo trabajador.
La decisión de la corte en 1966 resolvió que un acusado tiene el derecho de permanecer en silencio mientras es interrogado por la policía y tiene el derecho a un abogado, aunque éste sea financiado por el estado si el acusado no puede costearlo. La policía debe de informar al acusado de sus derechos antes de interrogarle. De no hacerlo, cualquier información obtenida no se considera admisible en los tribunales.
El interrogatorio de una persona que ha sido mantenida incomunicada durante su arresto “es de por sí intimidatorio y de hecho socava el privilegio en contra de culparse a si mismo”, resolvió la corte
La corte hizo notar que había oído una serie de casos en los cuales “la policía había recurrido a la brutalidad física —golpeando, ahorcando, dando latigazos— y a constantes y prolongados interrogatorios de personas incomunicadas para arrancar confesiones”.
Cuando el gobierno comenzó a interrogar a Faisal Shahzad, el ciudadano norteamericano acusado de poner una bomba en Times Square, habían pasado cuatro horas antes de que le leyeran sus derechos de Miranda. Por varias semanas estuvo detenido sin comparecer ante un juez.
El fiscal general Eric Holder ha intentado justificar el trato que ha recibido Shahzad señalando una decisión de la Corte Suprema en 1984 que permite a la policía posponer la lectura de los derechos de una persona en casos de “seguridad pública”.
La Corte Suprema dio otro golpe a los derechos de los trabajadores el 17 de mayo al sostener una ley que permite al gobierno norteamericano extender la detención de algunos presos federales indefinidamente, más allá de sus sentencias originales. La ley permite que las autoridades declaren arbitrariamente que ciertos presos condenados en casos de abuso son demasiado “peligrosos sexualmente” para ser puestos en libertad.
Cinco presos que aún están detenidos en un hospital carcelario en Carolina del Norte a pesar de haber cumplido sus condenas, presentaron una demanda para derogar esta ley. Cuatro de ellos originalmente recibieron condenas de tres a ocho años. Han pasado más de dos años desde que cumplieron sus condenas.
Los magistrados Antonin Scalia y Clarence Thomas votaron en contra de la ley. “El hecho de que el gobierno federal tenga la autoridad de encarcelar a una persona con el propósito de castigarla por un crimen federal —relacionado con sexo o no”, escribió Thomas, “no da al gobierno el poder adicional de ejercer un control civil indefinido sobre esa persona”.
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