Vol. 73/No. 48      14 de diciembre de 2009

La Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a “un juicio rápido y público por un jurado imparcial”. Los acusados deben ser “informados de la naturaleza y causa de la acusación” en su contra, dice la enmienda, se les debe permitir “conforntar a los testigos” en su contra, y ser representados por un abogado.

El presidente y el fiscal general han dejado claro que no habrá tales garantías constitucionales para Khalid Sheikh Mohammed, Walid Bin Attash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul-Aziz Ali y Mustafa Ahmad al-Hawsawi. Están acusados de “conspirar para cometer los ataques del 11/9” en el Centro Mundial de Comercio (World Trade Center) y el Pentágono. Ellos se encuentran actualmente encarcelados en la prisión estadounidense en Guantánamo, y sus juicios están programados a realizarse en una corte federal en Manhattan.

Contando con una repugnancia generalizada hacia los ataques del 11 de septiembre, el gobierno espera obtener la aceptación para las limitaciones de los derechos de los acusados de “terrorismo”, lo que causará, en efecto, más dificultades para los trabajadores de todo el país a quienes ya se les niegan los derechos básicos en los tribunales clasistas capitalistas.

No hay presunción de inocencia
La negación de derechos a los cinco acusados del 11 de septiembre comienza con negarles la presunción de inocencia, la suposición de que no son culpables hasta que se demuestre más allá de la duda “razonable” en un tribunal.

Todos han sido encarcelados bajo condiciones extremadamente inhumanas desde su detención seis a siete años atrás. El caso de Mohammed es quizás el más conocido. Un memorando del Departamento de Justicia de 2005, publicado a principios de este año, reveló que Mohammed fue sometido a tortura de ahogamiento simulado 183 veces durante interrogaciones. En este método de tortura, la cabeza del prisionero es cubierta mientras que se vierte agua sobre la cara, simulando la sensación de ahogo.

Altos representantes de la administración han declarado que los hombres ya son culpables en la opinión de Washington. En una audiencia del Comité Judicial del Senado el 18 de noviembre, Holder fue cuestionado sobre qué pasaría si los hombres no son condenados, a lo que él afirmó: “El fracaso no es una opción”.

Obama fue más allá, diciendo a los periodistas el mismo día que los que se ofendan con un juicio civil para Mohammed —presentado por Washington como el “cerebro” del 11/9— no pensarán que es ofensivo “cuando esté condenado y cuando se le aplique la pena de muerte”.

Varios destacados políticos republicanos, entre ellos el ex-alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y el ex-procurador general Michael Mukasey, han criticado duramente el juicio previsto.

El Departamento de Justicia ha explicado que los cinco hombres no tendrán acceso a todas las “pruebas” contra ellos. Holder declaró en la audiencia del Senado que el gobierno utilizará la Ley sobre Procedimientos de Información Clasificada (CIPA) para “proteger el material clasificado durante el juicio”. La CIPA le permite al gobierno retener de los acusados cualquier “evidencia” que consideren “información clasificada”, la cual es vagamente definida como cualquier cosa que “pueda causar daños identificables a la seguridad nacional de Estados Unidos”. En lugar de saber cual es la “información clasificada”, al acusado se le puede dar una simple descripción “genérica”, a pesar de que la información está siendo utilizada como “prueba” de un crimen.

Holder también le dijo a la comisión del Senado que no se le permitirá a Mohammed “lanzar su ideología de odio” en la corte y que el juez impondrá “el decoro apropiado” en la sala. Dichas restricciones limitan aún más lo que constituye un juicio justo, un peligro para los derechos de los trabajadores.

No hay derecho a elegir un abogado
Mientras tanto, otro precedente peligroso está siendo establecido en el juicio contra “terrorismo” de Ahmed Khalfan Ghailani, un tanzano acusado de “conspirar” para ayudar a los ataques dinamiteros de al-Qaeda de 1998 de las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Ghailani pidió que los abogados militares que le fueron asignados en Guantánamo desde 2008 continúen representándolo en el tribunal civil. El Pentágono rechazó el derecho de Ghailani a elegir su propio abogado y prohibió que los abogados de Guantánamo continúen representándolo. El juez Lewis Kaplan, confirmó dicha decisión.

Kaplan dijo que si bien la Sexta Enmienda da a los acusados el derecho a un abogado, el “derecho a escoger ese abogado no se extiende a los acusados que necesitan que un abogado sea nombrado por ellos”.
 
 
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