Vol. 73/No. 17      4 de mayo de 2009

El tribunal también suspendió su ejecución por 30 días para permitirle a Davis a que apele ante la Corte Suprema.

En una decisión de 2 a 1, los jueces del Decimoprimero Circuito del Tribunal de Apelaciones fallaron que la inocencia por si misma no es una razón valida para un nuevo juicio. Citando la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, el tribunal falló que Davis también debe presentar que una violación constitucional en el juicio original llevó al jurado a conclusiones erróneas y que no pudo hacer este argumento en su petición de habeas corpus anterior. Esta ley, ratificada por el presidente William Clinton impone limitaciones de tiempo y limita el número de apelaciones que por presos en el pabellón de la muerte.

La mayoría del tribunal declaró que le negaba la petición por una nueva audiencia porque Davis no había presentado algunas de las cuestiones y evidencias anteriormente y que la ley de 1996 se había creado para “poner fin y certeza a los procesos de apelaciones que parecen no tener fin”.

Davis, quién tenía 20 años de edad en el aquel entonces, fue detenido en 1989. No se recuperó ningún arma, ni ADN, ni otra evidencia física ligando a Davis con la muerte del policía. Siete de los nueve testigos que originalmente declararon contra Davis han retirado o contradicho sus declaraciones. Algunos dijeron haber sido amenazados o presionados por la policía para que acusaran a Davis. También han surgido nuevos testigos que han declarado que fue otra persona la que cometió el asesinato.

En la decisión disidente, la jueza Rosemary Barkett escribió, “El concepto de castigar a un acusado inocente con la pena de muerte simplemente porque no presentó sus documentos lo más pronto que pudo es draconiano”. Hacerlo ante una amplia cantidad de evidencia que pueda establecer que es verdaderamente inocente, dijo, “es desmesurado e inconstitucional”.

La organización Georgianos por Alternativas a la Pena de Muerte convocó una reunión de emergencia para el 23 de abril para organizar una respuesta.

“Es repugnante e irritante que el sistema legal responsabilice a Troy de que el sistema indigente defensor no provea los recursos necesarios para una verdadera defensa”, dijo Martina Correia, hermana de Davis, al Militante. “Este sistema no produjo justicia”. Instó a todos a organizar protestas y a trabajar unidos.

El Tribunal de Circuito hizo referencia en su decisión al impacto mundial de las protestas contra la ejecución de Davis. Después de negar la suspensión de la ejecución en septiembre de 2008, la Junta de perdones y libertad condicional de Georgia tomó el paso “inusual” de explicar su decisión, debido a la extensa publicidad del caso, dijeron los jueces.
 
 
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