El Militante (logo)  

Vol. 72/No. 33      25 de agosto de 2008

 
Caso amañado contra los Cinco Cubanos:
parte de ataques a los trabajadores
(especial/Primero de la serie)
 
POR MARTÍN KOPPEL  
El caso amañado y la encarcelación durante los últimos 10 años de cinco revolucionarios cubanos por el gobierno norteamericano no es un hecho aislado. Se enmarca en los ataques más amplios de la clase dominante de Estados Unidos contra los derechos y el nivel de vida del pueblo trabajador, una ofensiva que se ha intensificado en los últimos 15 años bajo las administraciones de Clinton y de Bush.

En un artículo en la edición del 4 de agosto, el primero de una serie de artículos sobre aspectos claves de este caso, se describió cómo los Cinco Cubanos, según se les ha llegado a conocer, fueron arrestados por la policía federal el 12 de septiembre de 1998.

En junio de 2001 Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González fueron declarados culpables de 26 cargos por un tribunal federal. Estas acusaciones falsas incluyen “conspiración para cometer espionaje”, actuar como agentes no inscritos de un gobierno extranjero y, en el caso de Hernández, ‘conspiración para cometer homicidio”.

En realidad, los cinco hombres estaban manteniendo informado al gobierno cubano sobre las actividades de grupos contrarrevolucionarios basados en Florida que tienen un historial de colocar bombas y realizar otros ataques mortíferos contra Cuba desde suelo norteamericano. Estos ataques forman parte de los casi 50 años de acciones hostiles que Washington ha realizado contra la Revolución Cubana.

Desde los arrestos hasta el juicio y el encarcelamiento de los cinco hombres —dos nacidos en Estados Unidos y tres inmigrantes nacidos en Cuba— cada aspecto de este caso representa una injusticia que atenta contra los derechos constitucionales de todos.  
 
Espionaje, allanamientos por el FBI
El gobierno norteamericano usó el caso para justificar violaciones de la Cuarta Enmienda a la Constitución, que prohíbe registros e incautaciones arbitrarios. Agentes del FBI reconocieron que por tres años, a partir de 1995, espiaron y repetidamente allanaron los hogares de los cinco hombres en el sur de Florida. Al amparo de una orden judicial federal, realizaron espionaje electrónico de sus apartamentos, grabaron secretamente sus conversaciones telefónicas, copiaron discos de sus computadoras y confiscaron fotos familiares, cartas personales y otras pertenencias, según informaron funcionarios del gobierno a la prensa.

“Agentes del FBI registraron el apartamento de una habitación, que costaba 850 dólares al mes”, donde vivía Gerardo Hernández, informó la agencia noticiosa Reuters en 16 de septiembre de 1998. “Se llevaron todo”, dijo el gerente del edificio.

“Ellos cuentan con tres años de intervenciones electrónicas, micrófonos en los cuartos de sus hogares, ingresos secretos —allanamientos— y aún así no tienen nada concreto”, afirmó Jack Blumenfeld, un abogado de Antonio Guerrero, según el Miami Herald del 6 de octubre de 1998. En esos momentos un gran jurado federal presentó acusaciones contra los cinco.

Blumenfeld explicó que el FBI realizó estos allanamientos y operativos de espionaje a pesar que los cargos presentados no alegaban ni una sola instancia de espionaje contra el gobierno norteamericano. Ni una de las 1 400 páginas que presentaron como “pruebas” en el juicio demostraba que los acusados habían tenido en sus manos documentos clasificados.

¿Cómo superó el Departamento de Justicia de Estados Unidos este problema? Presentó cargos de “conspiración”.

“Conspiración siempre ha sido la acusación que los fiscales emplean en casos políticos”, explicó el abogado defensor Leonard Weinglass en una entrevista citada por el Gremio Nacional de Abogados en junio de 2008. Dicha acusación libra al gobierno de la necesidad de probar que haya ocurrido un acto ilegal. Solo basta con demostrar que hubo un “acuerdo” vago para realizar dicho acto en un futuro indeterminado.

Durante el juicio, “se les dijo [a los jurados] que tenían que determinar que hubo un acuerdo para cometer espionaje. El gobierno nunca tuvo que probar que hubo espionaje. El gobierno no pudo haber probado que hubo espionaje”, subrayó Weinglass.

Se cometieron numerosas violaciones de los derechos durante el juicio contra los cinco, desde el uso de pruebas secretas hasta la denegación de las peticiones de la defensa para trasladar el juicio fuera de Miami, dado el ambiente de intimidación y prejuicios que existía allí. Un artículo futuro detallará lo que ocurrió durante el juicio.  
 
Meses de confinamiento solitario
Durante 33 meses, desde los arrestos hasta el final del juicio, las autoridades mantuvieron a los cinco encerrados en el Centro Federal de Detención en Miami, sin derecho a fianza. Además, durante 17 meses antes del juicio, los mantuvieron en confinamiento solitario, en el tristemente célebre “hueco”— aislados de sus familiares y con contacto limitado con sus abogados.

Después de ser declarados culpables de los cargos fabricados, mientras la jueza se fue de vacaciones antes de emitir las sentencias, los cinco fueron puestos nuevamente en el hueco por 48 días más. Los sacaron de las celdas de aislamiento solo después de las repetidas protestas de sus abogados.

Y en marzo de 2003 los cinco, ahora encerrados en cinco prisiones esparcidas por distintas partes del país, fueron aislados nuevamente, esta vez bajo condiciones aún más restrictivas denominadas “la caja”, un “hueco” dentro del “hueco”. Les prohibieron comunicarse con sus abogados por teléfono o por correspondencia, y les confiscaron todos los instrumentos para escribir. El Departamento de Justicia solo declaró que esta acción se llevaba a cabo por razones no especificadas de “seguridad nacional”.

Weinglass, quien logró visitar a Hernández una sola vez durante esa época, escribió, “Está encerrado en una celda muy pequeña de apenas tres pasos de ancho, sin ventanas y solo una ranura en la puerta de metal por donde le pasan la comida. Le quitaron su ropa y solo le permiten calzoncillos y una camiseta, pero no zapatos. No puede ver si es de día o de noche. Su celda es la única donde las luces están encendidas las 24 horas al día”.

Fue solo tras una campaña internacional de protestas públicas que las autoridades norteamericanas les permitieron regresar a la población carcelaria general.

Durante la última década también los han puesto en el hueco por períodos más breves. Y en varias ocasiones las autoridades han impuesto lockdowns (encierros) en que mantienen a los presos en sus celdas y no permiten visitas.

Encima de sus largas condenas y el trato brutal —intentos fallidos de quebrar la moral de los cinco revolucionarios— les han negado el derecho normal de recibir visitas de sus seres queridos. Sus esposas, madres, e hijos, quienes viven en Cuba, solo han podido visitarlos una vez al año como promedio, debido a las largas esperas para obtener visas. Y las autoridades estadounidenses les han denegado a Adriana Pérez y a Olga Salanueva todas las solicitudes de visa para visitar a sus esposos, Gerardo Hernández y René González, respectivamente.  
 
Aumentan ataques contra derechos
El caso fabricado contra los Cinco Cubanos —comenzando con los operativos del FBI de 1995 a 1998 que llevaron a sus arrestos— lo organizó la administración Clinton y su Departamento de Justicia, encabezado por la procuradora general Janet Reno. En esos momentos los gobernantes capitalistas norteamericanos estaban incrementando sus ataques contra los derechos del pueblo trabajador y sus salarios y conquistas sociales. La jueza de distrito Joan Lenard, quien presidió el juicio que se desenvolvió de noviembre de 2000 a junio de 2001, fue nombrada por Clinton.

En 1994 el gobierno aprobó la Ley Anticrimen, que socavó las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones arbitrarios en domicilios privados, permitiendo que los fiscales usaran en los tribunales pruebas obtenidas de forma ilegal. La ley también otorgó fondos para poner a 100 mil policías más en las calles.

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad de los Inmigrantes, promulgada en 1996, amplió los poderes de la policía de inmigración para detener y deportar a trabajadores indocumentados sin el derecho a presentarse ante un tribuna judicial o a apelar el caso. La migra fue expandida hasta convertirse en la mayor agencia policial del gobierno federal.

La Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Eficaz, también promulgada en 1996, le permitió a la policía de inmigración encarcelar a inmigrantes usando pruebas secretas. Aumentó los poderes del gobierno para emplear el espionaje electrónico y mantener a los acusados bajo detención preventiva y sin derecho de fianza.

El gobierno limitó aún más los derechos de apelación y de libertad condicional de los presos. Se hizo más común la imposición de sentencias mínimas obligatorias y de sentencias más largas, incluso la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El gobierno aumentó a 60 el número de delitos federales por los cuales se puede aplicar la pena de muerte, y las ejecuciones se multiplicaron tras aprobarse la Ley Federal de Pena de Muerte en 1994. La Ley de Protección Integral Contra el Terrorismo de 1995 le niega el derecho a los condenados a muerte de presentar más de una petición de habeas corpus para que las cortes federales puedan revisar sus casos.

Durante la presidencia de Clinton, entre 1993 y 2001, el número de encarcelados aumentó en un 42 por ciento. Se convirtieron en norma los lockdowns y el confinamiento solitario. Hoy más de 2.3 millones de personas en Estados Unidos se encuentran entre rejas.

En 1999 el gobierno de Estados Unidos acusó falsamente a Wen Ho Lee, un científico nacido en Taiwan, de robar secretos nucleares para China. Aunque el gobierno no pudo probar sus acusaciones de espionaje, le negaron la fianza y lo mantuvieron en confinamiento solitario por nueve meses, usando el caso para reforzar el uso de poderes arbitrarios en nombre de la “seguridad nacional”.

En abril de 2000, comandos fuertemente armados del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) efectuaron una redada para llevarse a Elián González, un niño de seis años, de una casa en Miami. La Casa Blanca aprovechó al máximo su demora de seis meses en entregar el niño a su padre en Cuba, para pulir la imagen del SIN, aumentar los poderes de la migra que están eximidos de la supervisión judicial, y socavar el derecho de estar protegido contra registros e incautaciones ilegales. La redada en Miami ocurrió unos meses antes que comenzara el juicio contra los Cinco Cubanos.

La administración Bush, que tomó posesión en enero del 2001, amplió aún más los ataques a los derechos políticos de su predecesor. Aprovechó los ataques del 11 de septiembre para lograr la aprobación de la Ley Patriota y otras leyes que aumentan la autoridad de la policía para vigilar las conversaciones telefónicas, interceptar el correo electrónico y espiar a grupos políticos e individuos. Las sentencias contra los Cinco Cubanos —con penas de hasta dos cadenas perpetuas— fueron decretadas en 2001, cuando Washington intensificaba su campaña “antiterrorista”.

Bajo la consigna de la “defensa de la tierra nativa”, el gobierno ha buscado justificar el uso de la “detención preventiva” sin acusaciones, de tribunales secretos, y hasta de la tortura. Está empezando a llevar a juicio a prisioneros de Guantánamo ante tribunales militares donde se les niegan derechos fundamentales.

Entretanto, la policía de inmigración ha multiplicado sus redadas en fábricas y barrios obreros, aumentando las deportaciones y formulando cargos criminales contra trabajadores nacidos en otros países.

Por las experiencias que millones de trabajadores y agricultores tienen con estos ataques a sus derechos y condiciones de vida —y la creciente resistencia a estos ataques— hoy día el caso de los Cinco Cubanos encuentra resonancia entre muchas personas. Los trabajadores que participan en protestas contra las redadas de la migra, casos fabricados por la policía y otras injusticias de clase, son los que mejor responden a las peticiones de apoyo a la campaña para obtener la libertad de los Cinco. Al mantenerse firmes, luchar y ofrecer su solidaridad a otros, estos cinco militantes obreros se han puesto entre las primeras filas de la lucha de clases en Estados Unidos.

El próximo artículo presentará la historia de cada uno de los cinco hombres y sus largas trayectorias de lucha a favor del pueblo trabajador: en Cuba, en Estados Unidos y a nivel internacional.
 
 
Artículos relacionados:
Caso Cinco Cubanos: parte de ataques contra derechos de trabajadores  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto