Vol. 72/No. 3 21 de enero de 2008
Bajo la Ley Federal de Campañas Electorales de 1971, los candidatos y comités de campaña están obligados a presentar informes detallados con los nombres, direcciones, profesiones y contribuciones financieras de quienes donen más de 200 dólares a sus campañas. Los informes, los cuales están disponibles al público, proveen una conveniente “lista de enemigos” para las agencias gubernamentales, patrones, organizaciones derechistas y otros enemigos del movimiento obrero.
El Partido Socialista de los Trabajadores ganó una exención parcial de la ley por primera vez en 1979 en base a la amenaza de dicha medida al derecho a la libre asociación protegido por la Primera Enmienda. La Comisión Federal de Elecciones (FEC) desde entonces ha extendido la exención varias veces, aproximadamente a intervalos de seis años.
A lo largo de los años, el partido ha documentado intromisión policial en las actividades de la campaña, despidos de candidatos y partidarios de las campañas, allanamientos de las sedes de campaña, amenazas de muerte contra los candidatos y cientos de otros incidentes de hostigamiento, entre las razones por las qué una exención es necesaria para salvaguardar el derecho democrático de los trabajadores a participar en elecciones.
Desde la última exención, concedida en abril de 2003, tales hostigamientos han continuado. Entre los incidentes se encuentran un ataque con bomba incendiara de la campaña electoral del PST el 11 de septiembre de 2004 en Hazleton, Pennsylvannia, y el despido de su trabajo como empacadora de carne de Lisa Potash, la candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para presidente del Consejo Municipal de Atlanta, una semana antes de las elecciones de 2006.
La exención actual de la FEC caduca a finales de 2008. El PST ha anunciado planes de presentar la petición de la extensión en octubre.
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