Vol. 71/No. 30      20 de agosto de 2007

Una ordenanza negaba licencias comerciales a compañías que contratan a inmigrantes sin documentos. Otra medida establecía una agencia municipal para revisar el estatus legal de las personas que rentan apartamentos para negarles viviendas a los indocumentados.

En su fallo de 206 páginas, el juez federal James Munley escribió que impondría una prohibición judicial permanente contra la ejecución de las medidas de Hazleton. Dijo que están en conflicto con las leyes federales.

Las medidas “violan derechos que la Constitución le garantiza a cada persona en Estados Unidos, sean residentes legales o no”, escribió el juez.

“ Es un día hermoso”, dijo Ana Arias, presidenta de la Asociación Latina del Area de Hazleton, en rueda de prensa después del fallo. Le pidió al alcalde Louis Barletta que no apele la decisión.

La demanda contra las leyes en Hazleton la entabló el Fondo Puertorriqueño de Defensa y Educación Legal y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). Las ordenanzas fueron la primeras de muchas medidas antiinmigrantes que se han propuesto o aprobado en el país. Se han copiado en por lo menos 25 localidades en el noreste de Pennsylvania.

“Esta decisión debe servir de alerta roja para funcionarios locales que estén pensando en copiar la ley desacertada e inconstitucional de Hazleton”, dijo a la prensa Witold Walczak, director legal de la ACLU de Pennsylvania.

Barletta ha dicho que la ciudad apelará la decisión ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia, y si es necesario “hasta la Corte Suprema”.

En Hazleton, Meledy Díaz, una ex empacadora de carne que trabajó en la Cargill y es oriunda de República Dominicana, dijo al Militante que ha sido duro para los trabajadores indocumentados. A muchos les ha costado más encontrar trabajo. Díaz dijo que ahora trabaja en una tienda, y muchos negocios se han visto forzados a cerrar a causa de la campaña antiinmigrante.

Este fallo se produce en momentos cuando muchos trabajadores inmigrantes están pronunciándose a favor de sus derechos, en muchos casos para oponerse a las deportaciones y redadas en centros de trabajo y comunidades.  
 
 
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