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Vol. 71/No. 24      18 de junio de 2007

 
Por qué los trabajadores deben mantener
el derecho de no hablar con el FBI
(especial)
 
A continuación publicamos la traducción de un artículo publicado por primera vez en el número del 16 de mayo de 1986 del Militant. Fue reimprimido sin cambios en el número del 14 de octubre de 1996. Fue publicado en ambos números con el mismo encabezado y gráfica acompañante. Lo publicamos por primera vez en español para el creciente número de lectores que prefieren leerlo en español. Este artículo es relevante a los esfuerzos de los que se oponen a la política actual de Washington contra Cuba, al igual que aquellos que abogan por un cambio en el gobierno, o están involucrados en campañas de sindicalización, el movimiento de masas por la legalización de todos los inmigrantes, protestas contra el acoso por parte de agentes federales y en la defensa de los derechos democráticos.

POR SAM MANUEL
Y JEFF JONES
 
SAN JOSE—En noviembre Don Bechler fue halado por guardias de seguridad en la planta en Westinghouse para ser interrogado por un agente del FBI. El agente dijo que estaba siendo investigado por “sabotaje” en la fábrica. Fue interrogado fuertemente por 40 minutos sin la presencia de un abogado, lo cual es su derecho legal. Tampoco estuvo presente su representante sindical.

Bechler es un activista en el movimiento contra el apartheid y en la lucha contra la intervención de Estados Unidos en Centroamérica. También es activista sindical y miembro del Partido Socialista de los Trabajadores.

El interrogatorio del FBI no solo fue una violación de los derechos democráticos de Bechler, sino de los derechos de todo aquel que tiene un punto de vista disidente, así como un ataque al sindicato. Acusaciones de “sabotaje” contra trabajadores en fábricas que producen equipo bélico son parte de la sostenida ofensiva por parte de la patronal y el gobierno contra los derechos democráticos. Por eso es útil mirar lo que sucedió en Westinghouse y las lecciones de esta experiencia.

Westinghouse es un importante productor de equipos bélicos. La fábrica está localizada en Sunnyvale, California. Los trabajadores de producción están representados por el Local 565 del sindicato mecanometalúrgico IAM. Bechler es fresador.

El agente del FBI tenía el cuaderno personal de Bechler, quien creía haberlo perdido. El agente dijo que se lo habían dado los guardias de seguridad de la planta.

Después que Bechler concedió hablar con el FBI, el agente le hizo una serie de preguntas sobre el cuaderno. Habían anotaciones sobre el trabajo, listas de compras e información sobre distintas actividades políticas en las que Bechler participa.

El agente del FBI dijo a Bechler que pensaba que entre los saboteadores potenciales en la fábrica estaban sindicalistas opuestos a dar concesiones a la empresa en las recientes negociaciones de contrato. Algunos trabajadores podrían estar frustrados porque no hubo huelga, dijo el agente, y por lo tanto podrían decidir cometer actos de sabotaje.

Después del interrogatorio, el agente del FBI se negó a devolverle el cuaderno a Bechler, implicando que continuaba bajo investigación. En una asamblea sindical 11 días más tarde, se informó que otro trabajador había sido objeto de un interrogatorio semejante por el FBI. Los dirigente sindicales enfatizaron que los miembros del sindicato siempre deben exigir la presencia de un representante sindical en reuniones con la compañía.

Bajo presión del sindicato, el FBI le devolvió el cuaderno a Bechler.

Este hostigamiento por el FBI representa un serio ataque contra los derechos democráticos de Bechler, el sindicato y todo el pueblo trabajador. El FBI no tiene derecho legal de entrar en una fábrica, rondar por ella y empezar a interrogar trabajadores. Y tanto los obreros como el resto, no están obligados legalmente a someterse voluntariamente a tales interrogatorios.

El FBI, como todas las otras agencias policiales de este país, sirven y protegen a los capitalistas y su gobierno. Cuando entran en Westinghouse o en otras fábricas lo hacen del lado de la empresa.

Este ataque contra los derechos democráticos se produce en el contexto de la ofensiva patronal contra el movimiento sindical y la campaña hacia la guerra en Centroamérica. Tales ataques están relacionados.

Como parte de sus preparaciones para la guerra en el exterior, el gobierno tiene que erosionar los derechos democráticos en el interior. El objetivo es hacer que los trabajadores acepten como normales cosas tales como las crecientes restricciones al acceso a zonas de seguridad, negar el derecho del acusado a ser puesto en libertad bajo fianza, la presencia de más policías en las fábricas interrogando a trabajadores y crear una atmósfera de sospecha contra los trabajadores que compran la publicaciones socialistas o viajan a Nicaragua.

Es parte del esfuerzo concentrado del gobierno para cambiar la percepción de los trabajadores de lo que es “normal”. Cada golpe a los derechos democráticos debilita la capacidad del movimiento sindical para defenderse contra las medidas de austeridad y luchar contra la intervención de Washington en el exterior.

Recientemente el gobierno ha fraguado una serie de juicios con mucha publicidad contra acusados de “espías”, el mayor número de casos de espionaje en toda la historia del país.

Estos juicios de “espías” y acusaciones de sabotaje industrial intentan dividir e intimidar a los trabajadores. Mientras al principio su blanco tienden a ser los trabajadores políticamente activos, en último término las víctimas son todos los trabajadores y pequeños agricultores. La meta es limitar drásticamente los derechos democráticos y limitar la discusión y el debate político para encauzar a los trabajadores hacia la guerra.

Un aspecto de la campaña antidemocrática patronal es intentar establecer el “derecho” del FBI y otras agencias policiales a entrar en los centros de trabajo e interrogar a los trabajadores. Entre las formas en que el FBI y la policía justifican sus intrusiones está la alegada necesidad de defender la “seguridad nacional” deteniendo a los “saboteadores” y suprimiendo el “uso de drogas”.

Al aceptar hablar con un agente, el trabajador cae en la trampa que se le ha tendido: el acto mismo de hablar es una forma de colaboración con el agente. Esto es así ya sea que un representante sindical este presente o no. Aunque Bechler rechazó las acusaciones de sabotaje, el hecho de hablar con el agente ya había causado daños a los derechos laborales. El contenido de lo que el trabajador diga en tal situación no es el problema principal. El conceder a cooperar —hablar— cuando uno no está obligado legalmente a hacerlo, significa que la policía ha logrado una victoria.

El objetivo del FBI en estas circunstancias no es hacer que un trabajador diga algo “dañino”—si eso pasa es un punto más para ellos— sino hacer que el trabajador acepte y contribuya a establecer su “derecho” a hacer tales interrogatorios. Esto refuerza la mentira de que la policía está al margen de las luchas entre los trabajadores y los patrones y, por lo tanto, en ese sentido es imparcial. Ayuda a reforzar una de las formas más elementales de colaboración de clases: las acciones basadas en la ilusión de que la policía es neutral, que simplemente está aplicando la ley sin temor ni favoritismos.

Lo que es más, hace pedazos la confianza entre los trabajadores. Se establece un precedente de que es apropiado hablar con el FBI o a sus esquiroles cuando en realidad los obreros no deberían de tener nada que ver con ellos.

Bechler no tenía ninguna obligación legal de hablar con el FBI. En esencia, él cedió sus derechos al hacerlo. Y lo que haya dicho es ahora material potencial que puede ser usado contra él, el sindicato u otros, independientemente de sus intenciones. Hablar de forma no oficial no existe con la policía.

Bajo la Constitución y la Carta de Derechos, nadie está jamás obligado a hablar voluntariamente con la policía —el FBI, la CIA, la migra, o la policía de la ciudad, la estatal, o la de aduanas.

El texto siguiente, reimpreso de una declaración emitida en la década de 1950 por el Comité de Emergencia Nacional de Libertades Civiles explica los derechos de uno en relación con el FBI: “El FBI, a diferencia de los tribunales y los gran jurados, no tiene el poder de solicitar una declaración obligatoria. Uno puede declinar una invitación a reunirse con agentes del FBI o a recibirles en la casa o la oficina de uno… El uso de la potestad de investigar por parte de las agencias del gobierno para intimidar o amenazar está expresamente prohibido por la ley”.

En otras palabras, uno nunca está legalmente obligado a participar voluntariamente en conversaciones con el FBI u otros cuerpos policiales.

Pensando en lo que había pasado con él y el sindicato, Bechler comentó: “Una vez que empecé a hablar con ellos, me tenían en sus manos. Les dejé afirmar su ‘derecho’ a tener este tipo de conversaciones.

“El hecho de que el sindicato me defendió y obligó al FBI a devolverme mi cuaderno fue una victoria. Mostró que es posible resistir las violaciones de los derechos democráticos por parte del FBI.

“Sin embargo, la lección fundamental que se puede sacar de esta experiencia es: nunca, bajo ninguna circunstancia, uno debe de hablar voluntariamente con el FBI o ningún otro policía”.  
 
 
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