El proyecto de ley da al presidente la autoridad de establecer comisiones militares que serían convocadas por el secretario de defensa para conducir juicios militares de individuos aprehendidos indefinidamente por el gobierno norteamericano como “combatientes enemigos ilegales extranjeros”.

La aprobación de la ley se dio tras un dictamen del Tribunal Supremo en junio de que los juicios militares contra tales prisioneros son legítimos siempre y cuando el presidente tenga la autorización legislativa de llevarlos a cabo.

Con la nueva ley, funcionarios estadounidenses han dicho que planean conducir juicios militares de 14 personas actualmente detenidas por la CIA en prisiones secretas, informó el Los Angeles Times. Según informes de prensa también se desarrollan planes para llevar ante tribunales militares a unos 100 de los 455 prisioneros detenidos en la base naval norteamericana en la bahía de Guantánamo, Cuba. Muchos han estado presos por más de cuatro años sin cargos. Informes de prensa señalan que el gobierno ya ha interpuesto cargos contra 10 de ellos.

La nueva medida legaliza la detención por tiempo indefinido de los presos de Guantánamo contra quienes no se han interpuesto cargos, a la vez que se les niega el derecho de apelar su encarcelación. Se espera que abogados del Departamento de Justicia soliciten que se nieguen las solicitudes que desafían la reclusión de centenares de prisioneros en Guantánamo una vez la ley se ponga en vigor.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con un voto de 250 a 170, el Senado lo hizo con un voto de 65 a34. A favor de la ley votaron 44 congresistas demócratas. Se anticipa que el presidente George Bush apruebe la ley.

La ley da poderes al gobierno de Estados Unidos para poner en prisión por tiempo indefinido o enjuiciar en tribunales militares a personas capturadas en combate y a quienes se acuse de brindar “apoyo material” a cualquiera que Washington tilde de terrorista. A esos prisioneros les niega el derecho de interponer un auto de habeas corpus para desafiar su detención así como el derecho a un juicio rápido según lo garantiza la Constitución norteamericana.

Además, la ley permite el empleo en tales juicios de “pruebas” obtenidas a través de coacción y rumores. Los veredictos en los juicios militares serán dictados por miembros de las fuerzas armadas, presididos por un abogado militar, no por un jurado. Ciudadanos tanto de Estados Unidos como de otros países podrán ser considerados “combatientes enemigos”. La ley también otorga inmunidad a los carceleros que participen en interrogatorios secretos, quienes en dicho momento “razonablemente crean” que sus actos eran legales.

En junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio su aprobación para que la administración Bush conduzca juicios militares de prisioneros en Guantánamo a través de su fallo en el caso de Hamdan contra Rumsfeld. Mientras dictaminó que las comisiones militares, según las estructuró la administración en su momento, carecían de autorización legislativa, el tribunal dijo que los juicios proceden en tanto el presidente procure autorización del Congreso o asegure que los juicios se apeguen al Código Uniforme de Justicia Militar y a las secciones pertinentes de las Convenciones de Ginebra.

La nueva medida da al gobierno norteamericano la discreción para determinar qué constituye tortura de “combatientes enemigos”. Autoriza al presidente a “promulgar … regulaciones administrativas para las violaciones de las obligaciones de tratados que no sean graves infracciones de la Convención de Ginebra”. “Graves infracciones” se definen en la Convención de Ginebra como “el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos” así como “causar deliberadamente sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud”.

“Es irrazonable sugerir que cualquier ley podría prever una lista explícita y que abarque todo sobre cuáles actividades son ilegales y cuáles son permitidas”, dijo el senador John McCain, un republicano de Arizona. “Nuestro objetivo jamás fue impedir que la CIA detuviera o interrogara terroristas. Por el contrario, es importante para la guerra contra el terror que la CIA tenga la capacidad de hacerlo”.

El fiscal general de Australia, Philip Ruddock, quien se encontraba en Washington el 1 de octubre para reunirse con funcionarios norteamericanos a fin de discutir los juicios militares, incluso uno contra un ciudadano australiano, comentó, “Se van a tener que tomar ciertas decisiones en cuanto a lo que constituye tortura para el proceso de la comisión militar y quienes adjudiquen el asunto van a determinar eso”. Añadió, “Yo no considero la privación de sueño como tortura”.

Un análisis aparecido el 30 de septiembre en el Los Angeles Times señaló que la ley “en esencia brindó a Bush casi todo lo que quería”.

Los políticos del Partido Demócrata que se oponían al proyecto de ley ofrecieron críticas tácticas sobre la mejor forma de perseguir la “guerra contra el terror”. Al hablar en Los Angeles el 2 de octubre, el general jubilado Wesley Clark, quien dirigió la guerra contra Yugoslavia en 1999 y pujó por la nominación presidencial demócrata en 2004, discrepó con la nueva ley, porque apuntará una luz innecesaria sobre los métodos de Washington al llevar a cabo la “guerra contra el terror”. Los juicios, dijo Clark, van a dar paso a preguntas sobre “¿qué tácticas coercitivas se utilizaron? ¿Cuán fiable era la información? Eso va a hacer que todo salga a la superficie”.  
 
 
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