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   Vol. 70/No. 20           May 22, 2006  
 
 
Juez falla a favor de mineros Co-Op,
caso avanza contra ‘Militante’ y UMWA
 
POR PAUL MAILHOT  
PRICE, Utah—“Las alegaciones de difamación contra los mineros individuales son especiosas e insinceras”, escribió el juez federal Dee Benson en su decisión el 1 de mayo desestimando la demanda legal contra 15 mineros de Co-Op levantada por la C.W. Mining Company, los dueños de la mina Co-Op en la cercana localidad de Huntington y la Asociación Internacional de Trabajadores Unidos (IAUWU), aliada a la compañía.

Benson señaló que las acusaciones de la compañía contra los mineros “parecen no ser más que un intento de intimidar a sus empleados y suprimir una discusión honesta respecto a asuntos laborales”. El juez no concedió pago de gastos legales al abogado de los mineros, Richard Rosenblatt.

La decisión por escrito del 1 de mayo del juez reafirmó una decisión verbal anterior desestimando las acusaciones de difamación contra el Salt Lake Tribune y el Deseret Morning News. Benson sí falló conceder a ambos periódicos pago de gastos legales.

La decisión de la corte permite que la demanda, iniciada hace 19 meses en medio de una dura campaña de sindicalización en la mina Co-Op, continúe contra tres de los demandados, el sindicato minero UMWA, el periódico El Militante y la organización Empleos con Justicia de Utah.

El juez uso dos de las 55 páginas de la decisión para presentar sus razones para permitir que continúe el caso contra el Militante. Su decisión enfatizó la falta de reportaje “neutral” del Militante con respecto a la lucha en la mina Co-Op. “Mientras que el Salt Lake Tribune y el Deseret Morning News intentaron presentar las posiciones tanto de los mineros como de los propietarios”, escribió Benson, “se podría argüir que el Militante no ofreció tal foro neutral”.

El juez citó un solo ejemplo de un editorial del Militante para ilustrar por qué negó al periódico la moción de dimisión del caso.

Benson uso unas cuantas oraciones para también rechazar las mociones de anulación del caso presentadas por el UMWA y de Empleos con Justicia de Utah. Benson dijo que las declaraciones del vicepresidente internacional del UMWA, Mike Dalpiaz, sobre “el tratamiento despiadado de nuestros mineros” por parte de la compañía de carbón, podían haber dañado la reputación de C.W. Mining. “El intento de socavar” escribió Benson “queda enfatizado por la aparente falta de oportunidad que se dio a los que presentan la demanda de refutar esas afirmaciones”.

El juez Benson, es el juez principal de la Corte Federal de Distrito en Utah. Fue nombrado a este cargo por el presidente George H. W. Bush en 1991. Benson se graduó de la escuela de leyes de la Universidad Brigham Young y fungió como jefe de personal del senador Orrin Hatch de 1986 a 1988. Tanbién fue abogado en el comité de investigación del caso Irán-Contra en 1987. Según el Salt Lake Tribune, Benson es uno de los 11 jueces “miembros de una corte secreta que revisa y aprueba grabaciones y espionaje de contraterrorismo”, que fue creada bajo el Acta de Espionaje Extranjero.

Además de estos veredictos sobre las acusaciones de difamación de la empresa, el juez rechazó todas las demás acusaciones levantadas por la C.W. Mining y la IAUWU. La compañía de carbón había acusado a los mineros, al UMWA y a sus partidarios de chantaje y violación de las leyes de inmigración, prácticas laborales injustas, invasión de la privacidad, interferencia intencionada con relaciones económicas, negligencia y conspiración civil.  
 
Apertura a búsqueda de pruebas’
El juez también dijo que permitiría un proceso limitado de búsqueda de información y pruebas como parte de la decisión de permitir que continúe el caso. “Un proceso limitado de obtención de información puede ser necesario para determinar si las declaraciones [supuestamente difamatorias] son verdaderas y si en realidad dañaron a los demandantes”, dictaminó. Durante el periodo de descubrimiento, cada lado puede buscar evidencia que le ayude a probar su caso.

Los demandados tienen diez días laborales desde el momento del fallo judicial para responder al juez. Cada cargo en la queja (hay 14 páginas de cargos contra el Militante) tiene que ser aceptado o rechazado. Si el cargo es rechazado, se debe de dar una razón. Los abogados del Militante dicen que van a pedir más tiempo para responder a los cargos. Una vez que se presente una respuesta, todos los abogados en el caso tendrán 60 días para realizar una conferencia para ponerse de acuerdo sobre los límites de la búsqueda de pruebas y para poner una fecha límite a la duración del mismo y el inicio de la presentación de mociones preliminares para el juicio.

(Aquellos interesados en leer el fallo de Benson, pueden encontrarlo en la página web del Militante--www.themilitant.com—bajo el título “Defend labor rights”.)

Aproximadamente al mismo tiempo que el juez emitió su decisión en la demanda federal, los abogados de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) se preparaban para una audiencia que comenzará el 16 de mayo en Price, Utah. La audiencia revisaría las objeciones de C.W. Mining a la opinión emitida por el director de la Región 27 de la NLRB Allan Benson, de que la empresa despidió a los mineros por sus actividades sindicales.

Poco antes de una votación sobre la representación sindical en diciembre de 2004, los propietarios de la mina Co-Op despidieron a casi todos los trabajadores que apoyaban al UMWA.

Según una resolución tomada en diciembre de 2005 por el director de la Región 27 del NLRB, los 29 mineros despedidos por supuestas violaciones a la ley de inmigración fueron de hecho despedidos por apoyar “al sindicato y para disuadir a los trabajadores de involucrarse en estas y otras actividades organizadas”.

Además, el director del NLRB afirmó que Alyson Kennedy y Guillermo Hernández, otros dos mineros despedidos antes de las elecciones, también fueron despedidos por sus actividades de apoyo al sindicato. La junta laboral concluyó que la C.W. Mining “ha estado discriminado en relación a la contratación, permanencia, términos y condiciones de empleo de sus empleados, desalentando así la afiliación a una organización sindical…”

La NLRB ha especificado que la empresa deberá pagar los salarios perdidos a varios de los mineros despedidos que estuvieron involucrados en actividades de sindicalización desde septiembre de 2003. La NLRB propone que las remuneraciones se basen en salarios de entre 5.75 y 8.25 dólares la hora.

Si prevalecen las resoluciones de la junta laboral en la audiencia del 16 de mayo, mineros involucrados en el esfuerzo sindical en Co-Op dijeron que es muy probable que los votos de 31 mineros despedidos serán contados para determinar si el UMWA o el sindicato aliado de la empresa, la Asociación Internacional de Trabajadores Unidos, ganaron la representación sindical.

Los ex mineros de Co-Op que participaron en la lucha de sindicalización organizaron una reunión para discutir el veredicto del juez y para prepararse para la próxima audiencia del NLRB. En ella un minero señaló que “nosotros fuimos los que empezamos esto, sin embargo, las organizaciones que nos ayudaron -el sindicato, el Militante y Empleos con Justicia—son los que todavía continúan en juicio. Esto es una injusticia. Esto no se da por terminado hasta que no haya demanda contra nadie”.  
 
 
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