El gobierno ha usado los cesanteos y los cierres de servicios públicos para imponer el primer impuesto al consumo en la história de Puerto Rico. El 4 de mayo el senado de la isla aprobó un impuesto de 5.9 por ciento sobre ventas. Como apaciguamiento, también aprobó un nuevo impuesto a las corporaciones con ingresos mayores de 10 millones de dólares.

Para protestar los cesanteos inminentes, muchos sindicatos organizaron una marcha en San Juan el 28 de abril en la que participaron unas 50 mil personas. El Primero de Mayo, varios miles participaron en un mitin bajo una lluvia torrencial, que incluyó contingentes de trabajadores de los sindicatos de la electricidad, maestros y empleados universitarios no docentes En un incidente reportado aquí en El Nuevo Día policías golpearon con cachiporras a los manifestantes, hiriendo a dos de ellos en la cabeza, con uno requiriendo atención médica. Han ocurrido posteriormente otras protestas por toda la isla.

El 9 de mayo el sindicato de trabajadores de la electricidad UTIER, Federación de Maestros de Puerto Rico y otros sindicatos realizaron una protesta en los muelles de San Juan, bloquenado el acceso a un gran barco crucero. Masivos piquetes de sindicalistas fueron organizados en centros comerciales en las ciudades de Mayagüez y Ponce.

No obstante, varios sindicatos pospusieron acciones en espera de una prometida resolución del estancamiento en el congreso el 10 de mayo. Esa día se espera que una comisión presente un plan para poner fin a la “crsis presupuestaria”. Sus miembros, ninguno de ellos representando a los trabajadores, incluye a un economista, un ex presidente de la Corte Suprema de la isla, un ex director de la oficina fiscal del gobierno y un asistente al presidente del senado.

Tanto el gobernador, como los legisladores han dicho que aceptarían las recomendaciones de la comisión.

El actual conflicto en Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos, es parte de un esfuerzo a largo plazo de los capitalistas para resolver la crisis económica a través de medidas de austeridad contra el pueblo trabajador. En los últimos meses el gobierno ha aumentado el precio de los servicios públicos, han presionado a muchos empleados públicos a se jubilen prematuramente y han aumentado el costo en las universidades.

Los partidos gobernantes, el Partido Popular Demócratico (PPD), al que pertenece Acevedo, que está a favor del status de estado libre asociado, y el pro estadidad, Partido Nuevo Progresista (PNP), que actualmente dominan la legislatura, han usado el déficit fiscal de 740 millones de dólares como palo para demandar más medidas de austeridad. En los últimos dos años los dos partidos no han llegado a un acuerdo sobre el presupuesto.

El gobierno alegó que se le acabarían los fondos si no se aprobaba el impuesto sobre el consumo. Acevedo exigió que se imponga un impuesto de 7 por ciento alegando que este era necesario para obtener un préstamo para pagar los salarios de empleados públicos hasta el 30 de junio, el fin del año fiscal. Legisladores del PNP propusieron un impuesto del 4 por ciento. Los legisladores del menor, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se opusieron a cualquier impuesto sobre el consumo.

Para intentar conseguir apoyo, el PPD organizó una marcha de sus partidarios el 20 de abril alegando que el fracazo a llegar a un acuerdo sobre el impuesto significaría negarles a los trabajadores sus habichuelas.

El Senado eventualmente aprobó una propuesta de acuerdo para un impuesto de 5.9 por ciento, el cual Acevedo dijo que apoyaría.

El cierre por parte del gobierno ha afectado a 43 agencias, a 45 mil maestros y 600 mil estudiantes. Miles de residentes se encuentran sin servicios de colección de basura y otros. Niños que dependen de los desayunos y almuerzos escolares han tenido que encontrar comidas calientes de otras formas.

Mientras tanto, la agencia calificadora de riesgo Moody redujo algunos de los bonos del gobierno de Puerto Rico a Junk status, and others just a notch above.  
 
 
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