Fue una de las muchas protestas en todo el país contra el proyecto de ley HR 4437, conocido como el proyecto Sensenbrenner, aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre. Esa propuesta convierte en delito grave el estar en Estados Unidos sin los documentos requeridos o el ayudar a quien no los tenga.

“Somos trabajadores, no criminales” fue una consigna que predominaba en la marcha y que aparecía en afiches impresos y hechos a mano.

“Todas las leyes hacen las cosas más difíciles para los indocumentados”, dijo Luis Yumbla, del Comité de Trabajadores Latinos del 9/11. Yumbla, oriundo de Ecuador, dijo que perdió su licencia como trabajador de asbestos porque el patrón le exigió un número de Seguro Social. Su grupo está integrado por trabajadores inmigrantes que fueron contratados para limpiar la zona de las Torres Gemelas tras los ataques de 2001, pero que no recibieron equipo de protección adecuado para manejar desechos tóxicos.

Entre los contingentes sindicales había uno del Local 79 del sindicato de obreros de la construcción LIUNA, uno grupo de trabajadores de la salud del Local 1199 del sindicato SEIU y una docena de miembros del Local 348 del sindicato UFCW en la planta de edulcorantes Sweet N’ Low en Brooklyn.

La mayoría de los manifestantes llegaron por cuenta propia o con organizaciones comunitarias o religiosas. La manifestación fue ampliamente difundida en los medios noticiosos en español.

El 25 de marzo, más de medio millón de personas se volcaron a las calles de Los Angeles para protestar contra la ley 4437. Ante el impacto de ésta y otras acciones recientes por todo el país, el Comité Judicial del Senado decidió el 27 de marzo no estipular cargos de delito grave para los indocumentados. Otro proyecto de ley ha sido presentado en el Senado por el republicano John McCain y el demócrata Edward Kennedy. Establecería una reserva de “trabajadores huésped” con menos derechos que otros residentes de Estados Unidos. Los indocumentados tendrían que pagar fuertes multas y cuotas para solicitar una visa de trabajo por seis años, y tendrían que mantenerse empleados, requisito que liga su estado legal a sus patrones y que le permite al gobierno seguir sus movimientos. Después de los seis años podrían solicitar la residencia permanente. La propuesta también reforzaría a la policía fronteriza.

Intentando aprovechar la amplia ira provocada entre los inmigrantes por el proyecto Sensenbrenner, algunos políticos están promoviendo la propuesta McCain-Kennedy como alternativa, arguyendo que permitiría a muchos de los 12 millones de indocumentados legalizar su estado migratorio. Es lo que en la acción de Nueva York plantearon varios políticos demócratas, entre ellos los congresistas Charles Rangel, Nydia Velázquez y Anthony Weiner, así como el senador estatal Rubén Díaz.

Entre los manifestantes había diversidad de opiniones sobre los proyectos de ley. Carolina y Ricardo Rodríguez, de Winchester, Virginia, dijeron que el proyecto McCain-Kennedy sería “un paso en la dirección correcta. Es mejor porque seis años es suficiente”.

Mayra Hernández, estudiante de la Facultad de Trabajo Social de Columbia, dijo que el proyecto McCain-Kennedy era una forma de “esclavitud legalizada”, como lo fue el programa bracero que usó el gobierno estadounidense entre 1942 y 1964. Unas 50 personas de una alianza de organizaciones de inmigrantes chinos marchó en contra de ambos proyectos.

Al resumir el sentir de muchos manifestantes, María González, inmigrante salvadoreña que limpia casas y cuida niños, dijo: “Estas leyes nos hacen la vida un infierno. Debemos tener derecho a la licencia de conducir y a otras cosas para poder vivir”.
 

Entre otras protestas ese mismo día, 5 mil personas se manifestaron frente al capitolio en Oklahoma City, Oklahoma, contra una propuesta estatal que impediría que los trabajadores indocumentados tengan acceso al programa Medicaid, cupones de alimentos y otros programas, y que exigiría que los empleados estatales delaten a los solicitantes cuyos documentos les parezcan dudosos.

En Newark, New Jersey, cientos de estudiantes marcharon para exigir la promulgación de la ley federal DREAM, que otorgaría residencia temporal a los indocumentados graduados de secundaria para poder asistir a la universidad y tener derecho a matrículas estatales reducidas.

En California el 31 de marzo, unos 2 mil estudiantes en San Diego no fueron a la escuela para participar en una manifestación pro derechos de inmigrantes. Otros mil jóvenes de secundaria marcharon en Bakersfield. Y en El Paso, Texas, unas 2 mil personas, en su mayoría estudiantes de secundaria, realizaron una concentración.

Más de 2 500 personas marcharon el 2 de abril en Yakima, Washington. En Miami, cientos se congregaron ese día frente al estadio Orange Bowl para exigir amnistía para los indocumentados. Se proyectan más protestas a nivel nacional para el 10 de abril.

Eric Simpson de Miami y Cecelia Moriarity de Seattle, contribuyeron a este artículo.
 
 
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