Marcel Massé, presidente de la Federación del Trabajo de Quebec (FTQ), y Claudette Carbonneau, presidenta de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), tacharon estas medidas de “injustificadas”. André Boisclair, dirigente del Parti Quebecois (PQ), que aboga por la soberanía de Quebec, declaró que no reabrirá los contratos si el PQ gana las elecciones provinciales.

Sin contrato desde 2003, los sindicatos del sector público de la FTQ y la CSN buscaban aumentos del 12.5 por ciento a lo largo de tres años.

La Ley 142 impuso la primera oferta salarial del gobierno de 8 por ciento a lo largo de seis años. Congela los salarios por dos años y los aumenta en 2 por ciento por año en los siguientes cuatro años.

Desde junio los empleados públicos han realizado paros y protestas por todo Quebec. El 13 de diciembre, 80 mil trabajadores estatales en la región de Montreal salieron en huelga. Al día siguiente miles de trabajadores en otras zonas de Quebec realizaron manifestaciones y protestas cortando las carreteras principales.

Durante su sesión especial, el parlamento también aprobó la Ley 124, que impone cambios al sistema de guarderías infantiles (CPE) en Quebec que aumentarán el costo del cuidado de niños. Unas 12 mil personas protestaron contra la ley en Montreal el 27 de noviembre. En 1997 el gobierno del PQ instituyó los CPE, a un costo de 5 dólares diarios. El gobierno Liberal ha aumentado el costo a 7 dólares por día.

Los candidatos de la Liga Comunista para la Cámara de los Comunes en los comicios del 23 de enero —Michel Prairie por el centro de Toronto, John Steele por Eglinton-Lawrence y Beverly Bernardo por Parkdale-High Park (distritos electorales en Toronto)— exigieron la revocación de estas leyes antiobreras.

“Las Leyes 142 y 124 golpean a los trabajadores no solo en Quebec sino en todo el país”, dijeron en la declaración de la Liga Comunista. “Las leyes antisindicales se enmarcan en los intentos de los patrones de hacer que los trabajadores paguen por la creciente crisis de su sistema de ganancias. Todo el movimiento sindical debe exigirle al gobierno de Quebec que revoque estas leyes antiobreras y que acepte negociar un convenio con los sindicatos de empleados estatales en base a las demandas justas de los trabajadores”.  
 
 
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