El ex propietario de Inveval, Andrés Sosa Pietri, era un personaje conocido en la principal asociación de empresarios, Fedecámaras, que respaldó el golpe militar de abril de 2002 y el cierre patronal a fines de ese año que pretendió derrocar al gobierno encabezado por el presidente Hugo Chávez. Durante el cierre patronal, que se centró en la industria petrolera, Pietri cerró la planta. El “golpe petrolero” fracasó cuando los trabajadores venezolanos se movilizaron para reanudar la producción y mermó el apoyo a la acción patronal.

Después Pietri exigió que los trabajadores acordaran modificar el contrato y aceptaran grandes recortes en sus salarios y beneficios para “salvar” a la compañía. Los trabajadores lo rechazaron. Luego Pietri trató de sacar maquinaria de la fábrica. Los trabajadores reaccionaron ocupando la planta en mayo de 2003. Exigieron que el gobierno la nacionalizara y les ayudara a reanudar la producción.

Un poco más de la mitad de los 120 trabajadores continuaban en la lucha, la cual lleva dos años. “En los últimos tres meses de 2004, suspendimos la ocupación debido a dificultades financieras”, dijo la oficinista Luisa Morales. Entonces los dueños intentaron nuevamente retirar maquinaria. “Pero estábamos monitoreando la situación y retomamos la empresa. Paramos los siniestros planes de Pietri por segunda vez”.

Durante las ocupaciones, los trabajadores organizaron un Comité de Conflictos, que remplazó al sindicato cuando los funcionarios locales del sindicato metalúrgico se pusieron del lado de la patronal. El sindicato metalúrgico estaba afiliado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que respaldó el reaccionario cierre patronal nacional.

El gobierno decidió confiscar a la compañía, dijo Quintero, después de la última acción de los dueños y la reocupación por parte de los trabajadores. Hoy el 51 por ciento de la nueva compañía está en manos del estado y el resto en manos de los trabajadores, ahora organizados en una cooperativa. Los trabajadores han elegido miembros al nuevo consejo de directores que dirigirán la empresa junto con los administradores nombrados por el estado.

Quintero y otros dijeron que para impulsar el proceso están colaborando con trabajadores de otras fábricas donde se está llevando a cabo una “cogestión” con el gobierno, en vez de la nacionalización bajo el control obrero de la producción.

“Bajamos la producción en un 40 por ciento”, dijo Enrique José Contreras en una entrevista el 6 de julio. Según dijo Contreras los obreros sostienen que la compañía había estado endeudada durante los últimos 16 años. Exigieron que los libros de contabilidad fueran sometidos a la inspección pública y que se instalase una nueva gerencia.

La compañía fracasó en su intento de despedir a 20 dirigentes sindicales. El gobernador del estado de Bolívar envió 80 soldados de la Guardia Nacional a “proteger la fábrica” y asegurar que la producción continuara.

“No hubo enfrentamiento porque no nos dejamos provocar por la guardia”, dijo Manuel Figuera, miembro de la junta directiva de Sintralcasa, el sindicato que representa a 2 350 obreros. Otros 500 trabajan aquí como contratistas. La planta produce aluminio primario y para la elaboración de láminas.

En febrero el gobierno remplazó a la mayoría de los gerentes. La planta está ahora bajo un sistema de “cogestión”. La junta directiva de ALCASA está integrada por dos directores elegidos por los trabajadores y cuatro nombrados por el estado. Se cambiaron también a los capataces.

La compañía está usando la nueva situación para que los trabajadores colaboren en aumentar la productividad con la ayuda de los funcionarios del sindicato. “Ahora que tenemos cogestión, no hablamos solamente de aumentar los sueldos”, dijo Trino Silva, secretario general del sindicato. “Tenemos que aumentar la producción y reducir los costos”. La producción en la planta ha subido de un promedio de 400 toneladas al día el año pasado a 537 toneladas al día en la actualidad, señaló.

Durante una asamblea sindical a la entrada de la planta la mañana del 7 de julio, los trabajadores expresaron distintos criterios sobre la nueva situación. “Yo estoy por la cogestión”, dijo Fidel García, un técnico de mantenimiento. “Ha sido un gran logro sacar a la antigua gerencia. Pero aún no se ha resuelto el problema de las prestaciones impagadas”.

El 19 de enero el gobierno venezolano expropió la empresa en quiebra, tras una lucha de dos años en la cual los trabajadores exigieron su nacionalización. Reinició sus operaciones en mayo. La compañía, ahora llamada Invepal, ahora está bajo “cogestión”. La nueva junta directiva tiene tres miembros elegidos por los trabajadores y dos nombrados por el estado. Edgar Peña, ex presidente del sindicato, es el nuevo presidente de Invepal.

“ La expropiación de Venepal es una excepción, no una medida política”, dijo el presidente venezolano Hugo Chávez a la prensa tras oficializar la toma. “Si es de ustedes, es de ustedes. Pero iremos tras las compañías que estén cerradas o abandonadas”. En su programa televisivo semanal Aló Presidente del 17 de julio, Chávez dijo que el gobierno podría confiscar más de 100 compañías como esa.

Rowan Jiménez, un obrero de mantenimiento de la planta Morón, ahora responsable de las relaciones públicas, dijo que los trabajadores ahora son miembros de una cooperativa, que tiene el 49 por ciento de las acciones de la compañía. El estado tiene el 51 por ciento.

Jiménez y otros trabajadores explicaron la lucha que llevó a la expropiación. Hubo una huelga de brazos caídos entre julio y septiembre de 2003, provocada por los despidos de 600 trabajadores y el anuncio de recortes salariales. Los dueños habían cerrado la planta entre diciembre de 2002 y enero de 2003 como parte del cierre patronal que buscaba tumbar al gobierno, y luego insistieron en que habían caído en bancarrota.

Manrique González, coordinador de producción de Invepal y ex vendedor de Venepal, es uno de los pocos empleados administrativos que permanecieron. “Le di al sindicato pruebas de que los dueños iban a declarar la empresa en quiebra y llevarse el capital al extranjero”, dijo en una entrevista. En septiembre pasado, tras el fallido referéndum revocatorio contra el gobierno de Chávez, Venepal se declaró en bancarrota y anunció que vendería la maquinaria para pagar a sus acreedores.

En respuesta, los trabajadores ocuparon la planta de Morón por cinco meses, vigilando las instalaciones las 24 horas y convocando a mítines de solidaridad. “También fuimos a Caracas para exigir la nacionalización”, dijo Jorge Guasimucaro, quien ha trabajado por nueve años en la fábrica de bolsas de papel. Recibieron amplio respaldo, incluyendo de los trabajadores petroleros de la cercana refinería de El Palito que ofrecieron comida durante toda la ocupación.

Los trabajadores entrevistados aquí calificaron la expropiación de la compañía como una victoria en su lucha, aunque con muchas contradicciones.

“Ahora controlamos nuestras condiciones de trabajo y decidimos como organizar la producción”, dijo José Campos, un operador de máquina en la fábrica de bolsas de papel. El y otros trabajadores también dijeron que esto se debe extender a toda la producción, involucrando a más y más trabajadores en las tareas administrativas. Los trabajadores dijeron que todos reciben 500 mil bolívares mensuales (232 dólares), un poco más que el salario mínimo y menos que su salario en la ex Venepal. Varios trabajadores dijeron que como “co-propietarios”, organizados en una cooperativa que ha remplazado al sindicato, es más difícil pedir mejoras salariales hasta que la compañía salga a flote y rinda ganancias. La producción durante los dos últimos meses ha estado al 25 por ciento de la capacidad productiva, dijeron algunos trabajadores.

“La razón principal es la falta de materias primas”, principalmente pulpa de papel, que se importa de Chile, dijo el obrero Carlos Alberto González. Varios trabajadores dijeron que la falta de la pulpa de papel responde a una razón política. En el gobierno hay elementos que no quieren que la nueva compañía tenga éxito porque sería un “mal ejemplo” de lo que se podría hacer con otras industrias privadas, dijeron los trabajadores.  
 
 
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