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   Vol. 69/No. 30           August 8, 2005  
 
 
Visita a la finca El Charcote en Venezuela
Campesinos en pie de lucha por tierra,
latifundistas intensifican contraofensiva
(Portada)
 
POR ARGIRIS MALAPANIS
Y CARLOS CORNEJO
 
SAN CARLOS, Venezuela—“A mi me dieron un registro agrario, que tengo que renovar cada seis meses. Pero aún no he obtenido carta agraria ni permiso de permanencia. Me aprobaron un crédito de 26 millones de bolívares [12 mil dólares] pero aún no me han depositado nada. Cuando la Guardia Nacional nos sacó de esta tierra, hace algunos años, nos dieron 156 mil bolívares [73 dólares] de indemnización. Una mugre de dinero. Pero volvimos de todas maneras y ahora estamos produciendo. Espero que ganemos”.

Esto es lo que relató al Militant Pablo Villamizar, un campesino del Hato El Charcote, el 9 de julio. Sus comentarios eran parecidos a los de docenas de campesinos que entrevistamos aquí. El hato es parte del municipio Rómulo Gallegos, aproximadamente 15 kilómetros al sur de San Carlos, la capital del estado de Cojedes.

La familia Villamizar es una de las 800 familias que han ocupado la mayoría de la propiedad por unos cinco años. Este rancho ganadero de 12 900 hectáreas es administrado por Agroflora, conocida aquí como la “compañía inglesa”, porque es propiedad de los Vesteys, una familia capitalista británica. El Grupo Vestey tiene 14 ranchos en Venezuela, abarcando un total de 350 mil hectáreas, la mayoría de ellos en el estado de Apure, donde se cría ganado. Tiene inversiones similares en Argentina y Brasil.

El 8 de enero, el gobernador de Cojedes, Jhonny Yánez, envió tropas de la Guardia Nacional a El Charcote para escoltar a los inspectores que determinarían en tres meses si los Vesteys obtuvieron propiedad del hato legalmente. En marzo, el gobierno de Cojedes dijo que Agroflora no había probado titularidad legítima de unas 6 mil hectáreas de El Charcote, que fueron declaradas tierra del estado. El gobernador prometió que para el mes de septiembre entregaría títulos a los campesinos que trabajan esas áreas, y desalojaría a los campesinos que estuvieran ocupando tierras privadas.

“El gobernador intervino para salvaguardar los intereses de los latifundistas,” dijo José Pimentel, un dirigente de la ocupación y miembro del Frente Campesino Nacional Ezequiel Zamora. “El estuvo de acuerdo que el resto de la tierra la mantuviesen los ingleses, que son los invasores. Seis meses después que los inspectores vinieran, ni un solo campesino ha obtenido carta agraria, y muchos de estamos amenazados de expulsión. La Guardia Nacional nos ha expulsado una vez desde el inicio de nuestra lucha. El sicariato de la compañía inglesa trabaja con impunidad. En el último año y medio, los campovolantes de los latifundistas asesinaron a un campesino y han ‘desaparecido’ a tres.”

Los orígenes de los campesinos aquí son variados. Pastor Oliveros dijo que antes trabajó en fábricas en Valencia pero no le alcanzaba para vivir ya que lo cesanteaban de un empleo tras otro. Otros eran trabajadores rurales sin tierra en esta zona.

Algunos son jóvenes. Doris Freite, de 21 años, y su familia cultivan maíz en unas 15 hectáreas. “Estamos luchando por esta tierra”, dijo. “Me uní a la lucha cuando tenía 16 años”. En ese época 600 familias ocupaban partes del rancho que en su mayor parte estaban sin cultivar. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que el gobierno aprobó en noviembre de 2001, animó a los campesinos a persistir. Esa ley permitía que campesinos que estuvieran cultivando tierras ociosas o poco productivas trataran de obtener títulos legales.

“Sin títulos no podemos tener créditos y no tenemos máquinas”, dijo Freite. “Para trabajar la tierra tenemos que machetear y sembrar a mano. Pero, por lo menos ahora tenemos derecho a un pedacito y no nos han podido sacar de aquí. Ya los ingleses no se meten con nosotros. Antes venían hasta acá para insultarnos o tirarles sus animales a nuestros hijos y a nuestros cultivos”.

Ahora la mayoría de los campesinos han cercado sus ranchos y sus tierras aledañas para prevenir que el ganado pisotee sus productos. Cerca de 5 700 cabezas de ganado deambulan por los pastos aledaños, según el administrador del hato Anthony Richards, mucho menos que los 14 000 que habían hace 5 años.

Las autoridades locales se han negado a proveer agua potable o electricidad a los campesinos, incluso en áreas declaradas tierra del estado, argumentando que existen apelaciones legales por parte de Agroflora. “Eso es para los que tienen dinero”, dijo Ender Pirela, señalando los cables de electricidad que corren en paralelo al camino de 17 kilómetros que cruza el hato. Pirela conduce una camioneta que transporta campesinos a los pueblos cercanos, además de cultivar sus 15 hectáreas. “ĦQué injusticia!”, dijo, “cuando vemos los postes eléctricos a algunos metros o kilómetros y no podemos tener acceso a la luz”.

Mientras que la falta de maquinaria agrícola es casi universal, algunos se las han ingeniado para abrir pozos de agua e instalar bombas de agua manuales y han logrado diversificar su producción. Ferboss Quintero y su esposa Ana Julia cultivan una variedad de pimientos picantes y dulces, pepinos, tomates, yuca, cebolla, melones, plátanos y otras frutas y vegetales. Recientemente también han plantado árboles de cacao. “Vendemos a los Mercales a bajo precio”, dijo Ana Julia Quintero. “Se refería a las tiendas del gobierno que proveen productos comestibles básicos, como arroz, sal, azúcar, aceite, pollo, pescado en lata y productos lácteos, a precios hasta por debajo de la mitad del costo en el mercado. Los Mercales se están extendiendo por todo el país. “Nuestro objetivo no es solamente sobrevivir de la tierra sino producir comida para el país”, dijo Quintero.

Venezuela importa más del 60 por ciento de sus alimentos de Canadá, Estados Unidos, Brasil y otros países. Mientras tanto, cerca del 5 por ciento de la población es propietaria del 75 por ciento de la tierra cultivable, que en su mayor parte está ociosa. Según el Instituto Nacional de la Tierra (INTi), por lo menos 115 mil familias campesinas han obtenido cartas agrarias desde el 2001. Sin embargo, la mayoría de los productores rurales, unas 3 millones de personas, o el 13 por ciento de la población, aún no tienen tierra. Muchos, como los de aquí, han venido exigiendo tierra y préstamos a bajo interés de los bancos del estado.  
 
Polarización entre clases sociales
Al mismo tiempo, la polarización entre las clases sociales aumenta. Grandes agricultores, rancheros y otros capitalistas también están siendo más audaces en la defensa de sus intereses. Están trabajando con las fuerzas burguesas dentro del gobernante Movimiento Quinta República (MVR) y con la oposición respaldada por Estados Unidos, mientras usan sus propios sicarios para intimidar a los campesinos.

Según El Nacional, uno de los diarios de Venezuela, del 1 de julio, los propietarios de los hatos de El Charcote, Piñero, Paraima y La Bendición Ramera han presentado demandas judiciales para revertir los fallos del INTi que han declarado parte de sus tierras propiedad del estado. La primera semana de julio, los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional presentaron una moción que pide a el Tribunal Supremo de Justicia que declare inconstitucional la ley de reforma agraria del 2001. Esa misma semana, el Tribunal Supremo acordó suspender temporalmente la decisión del INTi tomada en el año 2003 de otorgar títulos de propiedad de tierra a los campesinos que estaban ocupando las más de 5 mil hectáreas del rancho el Coquito en Altagracia de Orituco, en el estado de Guárico.

Funcionarios del INTi hacen todo lo posible para explicar que el gobierno no está expropiando la tierra. En una entrevista el 11 de julio, preguntamos a Ibelis Vernet, un economista en las oficinas centrales del INTi en Caracas, si la toma de El Charcote era un primer ejemplo de tales acciones. Vernet respondió que la tierra no había sido expropiada, sino “rescatada”. Ya que los Vestey no podían probar título legal de propiedad de esa parte del hato, esas tierras se volvían automáticamente propiedad estatal, dijo. La constitución de Venezuela, señaló, defiende la inviolabilidad de la propiedad privada.

Campesinos de El Charcote dijeron que Yánez, un dirigente del MVR, envió inspectores para ayudar a que Agroflora retenga más de la mitad del hato. Durante una marcha de 5 mil campesinos el 11 de julio en Caracas, reporteros del Militant comprobaron que las acciones de Yánez no eran una aberración. En algunos estados se ha usado a la Guardia Nacional y a la policía varias veces para desalojar campesinos de tierras ocupadas. (vea Venezuela: campesinos protestan por ataques de matones, exigen tierra en Perspectiva Mundial del 25 de julio).

La ofensiva legal de los grandes rancheros y otros capitalistas está acompañada por amenazas y asesinatos de campesinos. Esta teniendo éxito en enlentecer la reforma agraria y frustrar los esfuerzos de miles de campesinos por obtener tierra y créditos. En la Yauquera, un área de 25 mil hectáreas, cerca de El Charcote, que los tribunales entregaron recientemente a los campesinos, Julio Emenegildo Rodríguez, de 62 años, quien estaba vigilando el campamento de los campesinos, fue abaleado la noche del 29 de abril. El es uno de los 138 campesinos asesinados en los últimos seis años por el sicariato de los latifundistas.

Cuando salíamos de El Charcote, antes del anochecer, vimos uno de los campovolantes de los Vestey. Dos hombres iban en motocicleta a través de los campos. Uno de ellos, muy joven, llevaba un rifle. Instantes antes había lanzado tiros al aire.

“Los campovolantes andan en moto y salen solamente por la tardecita”, dijo Pirela. “Son unos cobardes que les pagan un sueldo para atemorizarnos. Pero, no les tenemos miedo. El Charcote es de los campesinos. Estamos cansados de ser explotados como peones. Aquí nos quedamos”.

Si los campesinos de aquí y de otras fincas del país serán desalojados o van a lograr esta meta dependerá de si la clase capitalista mantiene o no en el poder.

Olympia Newton colaboró en este artículo.  
 
 
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