Perspectiva Mundial/Argiris Malapanis

Cinco mil campesinos marchan en Caracas el 11 de julio para reclamar justicia y protestar contra asesinato de 130 dirigentes campesinos por matones de los agricultores capitalistas y latifundistas en los últimos seis años. También reivindicaron tierra y créditos.

“Desde que el presidente Hugo Chávez decretó la ‘guerra al latifundio’, los terratenientes nos han declarado la guerra a nosotros”, declaró al Militant Claudio Ditulio, campesino del municipio de Rojas en el estado de Barinas. Ditulio es representante del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, uno de los principales grupos que patrocinaron la marcha.

“En los últimos seis meses el sicariato ha asesinado más de un campesino por semana. Y nadie ha sido detenido o enjuiciado por esos asesinatos”, añadió.

“¡Justicia! ¡Justicia! No a la impunidad para los terratenientes”, demandaron los manifestantes, quienes marcharon por cinco horas desde el barrio del Valle al centro de Caracas, donde realizaron concentraciones frente a la Fiscalía General y la Asamblea Nacional. Muchos llevaban mazorcas de maíz o machetes y marchaban al ritmo de los tambores.

El gobierno había dicho que la ley del 10 de enero a la que se refería Ditulio aceleraría la distribución de la tierra, la cual ha sido lenta, según los campesinos. De acuerdo al Instituto Nacional de la Tierra (INTi), desde 2001, cuando se promulgó una nueva ley de reforma agraria, hasta fines del año pasado, 115 mil familias campesinas recibieron títulos a 3.5 millones de hectáreas de tierra, en su mayoría estatal. Cientos de miles de campesinos aun carecen de tierra.

Un 5 por ciento de la población de Venezuela es dueña del 75 por ciento de la tierra cultivable, gran parte de la cual está ociosa. Al mismo tiempo Venezuela importa el 60 por ciento de los alimentos que consume.  
 
Guerra por la tierra
Muchos de los manifestantes campesinos describieron batallas por la tierra en las que han participado. “Hemos estado ocupando 3,000 hectáreas del Hato Turagua por seis años”, dijo José Querales, miembro de la cooperativa Guaritico en Montecal, estado de Apure. “Hemos hecho perforaciones de agua, tenemos electricidad y estamos produciendo. Pero no tenemos cartas agrarias y no podemos conseguir créditos”.

La mitad de las 50 mil hectáreas del rancho Turagua es tierra sin cultivar, dijo Querales. Es propiedad de los Vestey, familia capitalista británica que se ha empeñado en impedir que cientos de campesinos ocupen El Charcote, otro de sus ranchos, en el estado de Cojedes.

Campesinos de varias localidades de Barinas informaron que las autoridades locales los habían expulsado de la tierra que ocupaban. Ditulio dijo que 300 familias campesinas han estado cultivando miles de hectáreas que cuatro latifundistas de la municipalidad de Rojas han dejado ociosas. “La policía y la Guardia Nacional nos han desalojado tres veces en los últimos dos años, pero siempre estamos dispuestos a quedarnos”, dijo.

Las luchas campesinas se han topado con la violencia de matones a sueldo de los grandes terratenientes. Hilda Pérez de Sanoja relató cómo fue balaceado y asesinado su esposo, Manuel Sanoja, el 27 de noviembre del 2000, después de dirigir una ocupación en Guanare, en el estado Portuguesa, de tierras desocupadas reclamadas por la adinerada familia Rodríguez. “El abogado de Juan Rodríguez llevó a Manuel adonde el terrateniente y sus dos hijos, y otros sicarios lo mataron a tiros”, dijo.

“Ya las investigaciones terminaron y se sabe quién lo mató, pero ni la fiscalía ni nadie se pronuncia”, dijo. Desde entonces, explicó, la lucha para trabajar la tierra en esa finca se ha paralizado.

Muchos de los que han obtenido títulos enfrentan una lucha para obtener préstamos a bajo interés de los bancos estatales. Orecho Gonzalo dijo que 84 familias en Villa Rosario, estado de Zulia, obtuvieron títulos hace dos años tras haber ocupado la tierra por cinco años. Pero siguen esperando créditos. También exigen que se construya una carretera de sus fincas al pueblo donde venden sus productos. Tienen que caminar 10 kilómetros para llegar.

Ibelis Vernet, economista del INTi, confirmó en una entrevista que muchas de las 115 mil familias que han obtenido títulos aun no han recibido préstamos. “El estado no tiene suficientes recursos para otorgar créditos a todos los campesinos que lo han solicitado”, dijo.

Una declaración del Frente Nacional Campesino que se repartió en la marcha y después se leyó al final del mitin frente a la Asamblea Nacional, dijo: “Nosotros… no vemos que avancemos hacia una transformación de la tierra. Vemos que los programas de financiamiento, los créditos, la maquinaria se quedan con dueños de hatos y fincas que son los que siempre nos han explotado. Que una nueva élite de terrateniente puede surgir si esto no se corrige”.

Braulio álvarez, uno de los fundadores de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora y diputado de la Asamblea Nacional, también habló. El 23 de junio álvarez eludió un atentado en Yaracuy, su estado natal. Dijo a los campesinos que no vacilen en “nuestra lucha por la tierra y la justicia”.

Fue diferente el tono de Ricardo Gutiérrez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y del ministro de agricultura Antonio Albarrán. Este dijo que se tomarán medidas contra los crímenes de los latifundistas e instó a la “disciplina”. Cuando Gutiérrez prometió que la semana siguiente se reuniría con representantes de los grupos campesinos, fue recibido con exclamaciones descontento.

Insatisfechos, la mayoría de los manifestantes marcharon al palacio presidencial de Miraflores y acamparon afuera. Muchos dijeron que se quedarían hasta que se pudieran reunir con el presidente.

Olympia Newton contribuyó a este artículo.
 
 
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